Camareros contratados por horas que acaban protagonizando jornadas completas y cobrando gran parte de su salario en negro. Empleadas del hogar que llevan toda una vida trabajando en la misma residencia y nunca han sido dadas de alta en la Seguridad Social. Jóvenes que dan sus primeras clases particulares a los hijos de un vecino y no presentan facturas. Todos ellos son ejemplos de economía sumergida, un fenómeno laboral asentado en tierras valencianas.
Cuantificar de forma detallada el alcance de este tipo de prácticas puede ser un poco difícil, aunque sí es posible estimar el número de residentes de Castelló, Valencia y Alicante que trabajan sin cotizar. Así, si se cruzan los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) con las cifras de afiliación a la Seguridad social se confirma la existencia de un colectivo de más de 200.000 personas en esta situación concreta.
Y la pregunta es: ¿Qué hacen las administraciones para luchar contra la economía sumergida?. Los registros oficiales del Ministerio de Trabajo atestiguan que la inspección obligó a las empresas valencianas a dar de alta en la Seguridad Social a un total de 11.180 asalariados durante el año pasado. A pesar de ser el segundo mayor dato de toda España „solo superado por las 13.864 «legalizaciones» de Andalucía„ apenas alcanza al 5 % de la estimación global de valencianos ocupados que no cotizan.
Plan especial del Gobierno
El Consejo de Ministros aprobó en abrir del 2012 un plan especial que tenía como finalidad aflorar el empleo sumergido en toda España al principio de la legislatura para «generar mayores recursos económicos al sistema». Sin embargo, los números dejan entrever que no se han alcanzado los objetivos fijados.
Así, entre 2012 y 2015 se ha «destapado» la situación irregular de un total de 39.805 profesionales en Castelló, Valencia y Alicante En el año 2012 „primer año de existencia del programa„ se regularizaron 10.278 puestos de trabajo. Un año después disminuyó el resultado de las investigaciones de los inspectores, ocasionando un total de 8.683 altas en la Seguridad social. En los dos últimos ejercicios el número ha evolucionado en positivo „9.664 cotizantes más en 2014 y 11.180 en 2015„, aunque los índices siguen siendo muy pequeños. La Comunitat Valenciana se ha convertido en un refugio para la economía sumergida en la actualidad.
Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, explicó ayer a Levante-EMV que «todos conocemos casos relacionados con este tipo de prácticas ilegales en el terreno laboral. En parte, lo que estamos viviendo es una consecuencia de la precaria situación actual. La gente necesita trabajar y asume condiciones que en otro tipo de escenarios declinaría. Tampoco podemos olvidarnos de los empresarios que no tienen escrúpulos, que no dudan a la hora de aprovechar la dinámica actual en su provecho».
El portavoz sindical también recordó que «cuatro o cinco meses después de que Ximo Puig accediera a la presidencia de la Generalitat nos reunimos con él y le sugerimos que la inspección de trabajo estrechara lazos con los cuerpos policiales para tener un mayor control de lo que ocurre. La verdad es que nos pareció que la recepción de la idea era muy positiva, aunque no hemos sabido nada más desde entonces».
En términos similares se movió Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de CC OO, que argumentó que «la verdad es que la estimación de 200.000 ocupados sin cotizar en la Comunitat Valenciana cuadra bastante con la realidad y no es que haya variado mucho en los últimos años. Es como si hablarnos de dato estructural, algo a lo que ya estamos acostumbrados». Mayor declaró que «es algo que se da en muchos sectores: hay claros ejemplos en la hostelería o el campo, aunque también en la pequeña industria». «Si además las sanciones no son muy altas o si es muy difícil que te pillen haciendo algo irregular es como si existiera un estímulo a la economía sumergida. Creo que se deben aprobar medidas legislativas y dotar de más medios a la inspección», apostilló el portavoz sindicalista.
Durante 2015 los inspectores realizaron un total de 52.630 actuaciones en la C. Valenciana.
