Cuarenta y tres muertos, cuarenta y siete heridos y dos mil quinientos cincuenta y siete días de dolor y rabia contenida de decenas de familias destrozadas. Hoy se cumple el séptimo aniversario del mayor accidente de metro de la historia de España. Pasó en Valencia. Fue el lunes 3 de julio del 2006, cuando poco después de la una del mediodía, el metro que iba de Valencia a Torrent descarriló en la curva de la línea 1 que une las estaciones de Plaza de España con Jesús. Transportaba a cerca de 200 personas y descarriló a más de 80 kilómetros por hora, el doble de la velocidad permitida en ese tramo. Uno de los convoyes volcó sobre el lado izquierdo, los pasajeros cayeron sobre las ventanas que cedieron y sus cuerpos fueron lanzados sobre las vías mientras el tren seguía deslizándose durante casi 70 metros y convirtiendo los agujeros de las ventanas en una trampa mortal que actuó como una cuchilla, cortando todo lo que encontró a su paso.
Había sido la velocidad. Desde el primer momento, los 80 kilómetros por hora a los que circulaban las Unidades de Tren Articulado (UTA) 3637 y 3714, fue repetida como un dogma a la hora de investigar las causas del accidente. No había más responsable que el exceso de velocidad en la curva; ni más culpable que el conductor fallecido en el accidente. El miedo a las responsabilidades políticas y penales puso de acuerdo al gobierno de Francisco Camps y la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat, con Marisa Gracia a la cabeza. La consigna era clara: el accidente era fruto del exceso de velocidad y del maquinista. Y de nada más.
La comisión de investigación que se celebró en las Corts Valencianes, duró cuatro días de verano y discurrió bajo el férreo control de un Partido Popular necesitado de dar carpetazo a un accidente que corría el riesgo de convertirse en su peor pesadilla a un año de las elecciones. FGV contrató los servicios de asesoramiento de una consultora para adoctrinar a sus trabajadores y directivos y prepararlos para el aluvión de preguntas a las que tendrían que responder, así como coordinar sus respuestas con las que darían los responsables de la conselleria de Infraestructuras. La comisión concluyó y aprobó, sólo con los votos del PPCV, que las líneas de Metrovalencia eran seguras, el accidente era imprevisible y todo había sido culpa del maquinista. La investigación judicial se cerró en falso el 15 de marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales y en plenas Fallas. Sería reabierta poco después, en junio, y cerrada definitivamente entre diciembre de 2007 y mayo de 2008. La jueza daba por buena también la tesis del exceso de velocidad.
Hoy sabemos que el accidente del metro pudo haberse evitado si se hubieran tomado las medidas de seguridad adecuadas. Que las ventanas cedieron porque el sistema de sujeción no era el adecuado, que unas balizas de 3.000 euros habrían frenado automáticamente el convoy antes de llegar a la fatídica curva, que se escondieron los informes que recomendaban la sustitución de los trenes obsoletos y que se ocultaron los expedientes de los tres descarrilamientos anteriores sufridos por la UTA 3736. Eso, y que nunca apareció el libro de averías de la unidad siniestrada. Toda una batería de despropósitos que dio fuerzas a todos aquellos que se concentraron durante siete años frente al Palau de la Generalitat contra el olvido y la falta de transparencia. Era la otra tragedia. La que vivieron familiares, víctimas y amigos al descubrir, poco después del accidente, que las instituciones responsables de la seguridad de Metrovalencia no estaban dispuestas a investigar por qué sus familiares y amigos habían fallecido aquel 3 de julio de 2006. Y lo que era peor, estaban dispuestos a todo para esconderlo y pasar página.
Desolados, con lágrimas en los ojos y armados de tesón llevan ochenta y dos meses concentrándose en público cada día tres como volverán a hacer esta tarde. Siguen luchando para que la justicia reabra el caso e incorpore a la investigación los nuevos datos y testimonios. Reclaman que se identifique a los responsables de la tragedia, aunque éstos ya no ocupen cargos de dirección en FGV o el Consell. Porque la peor tragedia vivida en Valencia después de la riada no provocó la dimisión de ningún responsable o alto cargo de Ferrocarrils de la Generalitat y tampoco llevó a ningún miembro del Gobierno valenciano a dimitir o pedir perdón.
