Los ayuntamientos, en su mayoría del cambio tras las elecciones de 2015, han aplicado una política financiera que les ha permitido reducir a cero su deuda bancaria. Al menos nueve de ellos se encuentran libres de cargas, aunque algunos son ya unos veteranos en estas lides. Es el caso de Massanassa, que acumula varios años con las cuentas saneadas «gracias a unos presupuestos realistas, sin grandes pretensiones y controlando mucho el gasto», señala el alcalde, Vicent Pastor (PP). Eso no quita para que hayan realizado inversiones. «Ahora viene un periodo intenso de inversiones, pero no va a ser necesario pedir ningún préstamo», sentencia.
También consiguió liquidar su deuda con las entidades bancarias en 2016 Alcàsser, con una política parecida a la de sus vecinos. «Con una importante contención del gasto y buscando siempre subvenciones de las instituciones públicas para realizar proyectos», afirma la alcaldesa Eva Zamora (PSPV). La primera edil reconoce que aunque se liquidó la deuda en 2016, es una trabajo continuo realizado por todos los gobiernos de estos últimos años.
El Ayuntamiento de Picassent pudo saldar la deuda de 2.600.000 euros que mantenía con don entidades bancarias gracias a los dos millones de euros cobrados de la Emshi por sentencia judicial. También influyó positivamente la actualización de los valores catastrales realizada por el Ministerio de Hacienda, sumado a la «gestión responsable y rigurosa del equipo de gobierno socialista desde el 2003 y, sobre todo, al esfuerzo de los contribuyentes en el pago puntual de los tributos municipales», manifiesta el concejal de Hacienda, Francisco Quiles (PSPV).
Rocafort liquidó en diciembre de 2016 el último pago de deuda bancaria, tras alcanzar en mayo de 2011 una demora de 2,6 millones. Este ejercicio ha sido el primero con unos presupuestos libres de cargas, «aunque eso tiene pocas ventajas», según el alcalde Víctor Jiménez, ya que la «Ley Montoro solo nos permite gastar el superávit en obras financieras sostenibles y no incumplas la ley de gasto, y nosotros en ese aspectos estamos al límite y no podemos gastar apenas pese a no tener deuda».
El Ayuntamiento de Meliana está «a punto de caramelo» y liquidará su deuda a final de año, ya que, a pesar de que ahora lo que deben se sitúa alrededor de los 9.000 euros, «no hemos pagado antes porque al final nos costaba más cancelar que liquidar», explica Josep Riera, alcalde de la localidad. «Estamos muy contentos, esto nos permitirá tener más libertad a la hora de invertir», apunta.
Por su parte, Massamagrell también ha llegado al nivel de deuda cero. El año pasado, su deuda con los bancos ascendía a 980.000 € y el pasado septiembre consiguieron eliminar las deudas a través de un pago único que llevaron a cabo con el remanente del ejercicio de 2016.
Emperador, una salud de años
La pequeña localidad de l´Horta Nord, Emperador, por otro lado, repite año de bonanza y es que, además de haber alcanzado la liquidez total de sus deudas, no es el primer año que lo consigue. «Hace años que tenemos las deudas liquidadas»
Uno de los casos reseñables es el de Paiporta. El equipo de gobierno ha reducido en dos años su deuda bancaria a cero, cancelando una demora financiera de casi siete millones de euros heredada del PP. El ejecutivo formado por Compromís, PSPV y PodEU liquidó los créditos para librarse del alto coste de los de los intereses, unos 300.000 euros anuales en 2015. Ahora se destinará esa cantidad a mejorar los servicios, contratar personal e invertir en infraestructuras.
La deuda paiportina alcanzó su punto álgido en 2012, con más de 11,6 millones. En 2015, las obligaciones se situaban en 6,9 millones. En un año rebajó esa demora un 67%, y antes de que concluya 2017 liquidará los 2,2 millones pendientes.
El Ayuntamiento de Albal también concluirá el año con todo el endeudamiento, al cancelar cuatro préstamos y abonar los últimos 2,5 millones de euros pendientes. La deuda municipal alcanzó en 2012 los 8,8 millones. Ahora, ante el nuevo panorama financiero, el consistorio tendrá en 2018, menos gastos financieros, más liquidez y la posibilidad de acometer nuevas inversiones, ya que la ley de estabilidad presupuestaria obligaba a las instituciones locales a destinar cualquier superávit a facturas pendientes o a la amortización de la deuda municipal.
