El pronunciamiento del Tribunal Supremo, desestimando el recurso presentado por Catarroja contra una sentencia que anulaba una multa impuesta por el sistema de fotorrojos, ha abierto una rendija a la que intentan aferrarse los pueblos que implantaron la cámaras sancionadoras, para tratar de retirarlas tras años de críticas.
El Ayuntamiento de Catarroja recurrió al alto tribunal el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de València, que daba la razón a una conductora sancionada con cien euros y la retirada de cuatro puntos del carné por saltarse un semáforo en rojo, tras ser captada por una de las cámaras sancionadoras del municipio. El consistorio, en realidad, no recurría la sanción en sí, sino que presentó un recurso de casación en interés de ley, con el objetivo de que el Supremo fijará doctrina y aclara las sentencias contradictorias sobre el mismo caso: uno da la razón a los conductores al considerar que los fotorrojos no están sometidos al control metrológico y deberían estarlo, anulando la sanción; mientras que el resto de juzgados avalan el sistema sancionador.
Tras el fallo del tribunal, los municipios con fotorrojos (Catarroja, Sedaví, Beniparrell, Picanya y Massanassa)n ven la posibilidad de rescindir el contrato de la concesión, firmada en diciembre de 2014 entre la Mancomunitat de l'Horta Sud y la empresa por cuatro años y más de 900.000 euros.
En este sentido, el alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, con el respaldo de Ferran Baixauli (alcalde de Sedaví) y Boro Masaroca (Beniparell), también de Compromís; ha remitido un escrito a la mancomunitat solicitando un informe jurídico que analice al detalle el contenido de la sentencia y que avale poder romper el contrato sin tener que indemnizar a la concesionaria, o al menos en una cantidad muy baja. Monzó se mostraba satisfecho con el resultado del fallo del Supremo al considerar que «ahora hay suficientes motivos para estudiar la desconexión de las cámaras» y por ello, «debe ser la Mancomunitat la que realice el informe porque ella firmó el contrato». En este sentido, piden que cautelarmente se paralice el sistema de fotorrojos mientras se elabora el informe jurídico.
En esta línea se pronunciaron Baixauli y Masaroca. El alcalde de Sedaví apunta que «veremos lo que dice el informe para actuar. No podemos hacerlo antes sin un respaldo jurídico. Hablaremos con la Mancomunitat, que gestionó el contrato a escondidas».
Por su parte, Josep Almenar, alcalde socialista de Picanya, explica que sus técnicos «están analizando la sentencia del Supremo y en virtud del resultado actuaremos, además de hablar con la Mancomunitat». Vicent Pastor (PP), alcalde de Massanassa, advierte que el fallo del Supremo, afirma «es muy dudoso», y que «no aclara realmente si son ilegales» los fotorrojos, y que por tanto van a solicitar una reunión con la Mancomunitat y la concesionaria para que aclare todas las dudas. Eso sí, Pastor aclara que sí hay algún resquicio de poder quitar los fotorrojos en su término «lo haríamos».
