Ya es de sobra conocido. En menos de tres años, Bancaja ha pasado de ser la tercera caja de ahorros española a desaparecer como entidad financiera y verse abocada a una dificultosa batalla por sobrevivir ahora que se apresta a convertirse en una fundación de carácter especial que se haga cargo de su vieja función social. El diseño de la nueva Bancaja es una incógnita en estos momentos y su supervivencia se mantendrá en el limbo si no se establecen unos criterios sólidos de financiación de cara al futuro. Mientras se aclara el panorama, la Fundación Bancaja ha reducido este año considerablemente su prespuesto. Tiene tesorería para aguantar tres o cuatro ejercicios más. Su patrimonio artístico e inmobiliario también es de relieve. Pero si gasta la primera y vende el segundo en poco tiempo se quedará sin nada. Ese es el gran dilema que el nuevo presidente de la entidad, José María Mas Millet, y la Generalitat deben dilucidar en las próximas semanas.

El tema es de gran trascendencia. En 2007, cuando nadie atisbaba la tragedia posterior, Bancaja destinó a su Obra Social, que está integrada por la Fundación Bancaja y la Fundación Caja Castellón, 83 millones de euros, el presupuesto más alto de su historia. En 2010, ya en plena crisis, la parte del beneficio dedicada a cuestiones socioculturales se redujo a 43,67 millones. Este 2012, el año de la muerte de la entidad, el presupuesto será de 28,3 millones, con un descenso del 22 % respecto de los 36,3 de 2011. El año que viene puede ser dramático y buena prueba de ello es el anuncio de un ERE a 38 de sus 42 empleados por parte de la fundación en Castelló. Nada que ver con las glorias que vendía el expresidente de la entidad, José Luis Olivas, para justificar la inclusión de la misma en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. Argumentaba que la nueva entidad generaría en el futuro un volumen muy elevado de beneficios (2.000 millones) que permitirían incrementar las dotaciones para la obra social respecto a antes de aquella operación. Castillos en el aire. La firma financiera, al igual que Caja Madrid, estaba tan carcomida que el Estado ha tenido que nacionalizar el 100 % del BFA, lo que ha supuesto que las siete cajas que lo fundaron hayan perdido su condición de entidades financieras y su participación en los beneficios futuros de Bankia. Es decir, ya no tienen ingresos recurrentes para nutrir la fundación en que deben convertirse en los próximos meses.

Como ya se ha dicho, solo les queda tesorería y el patrimonio de sus fundaciones. Fuentes de la entidad valenciana sitúan la liquidez entre ochenta y noventa millones. El valor de la obra artística y los inmuebles es difícil de calcular, en especial en estos momentos de severa crisis. Alguna fuente apunta a la cifra de 20 millones, que parece muy pequeña si tenemos en cuenta los tesoros que acumula la obra social de Bancaja, fruto de las compras, donaciones y absorciones de otras cajas menores que ha ido efectuando la entidad desde que en 1991 nació tras la fusión de las cajas de ahorros de Valencia y Castelló.

Cada una de las dos fundadoras conservó la personalidad de su propia fundación, que han mantenido su patrimonio y sus órganos de gobierno. La Fundación Bancaja —con 34 empleados que, de momento, mantendrá, dado que en los últimos años había ajustado su estructura—dispone de siete edificios emblemáticos, encabezados por aquel que acoge su sede y el centro cultural en Valencia, así como el monte de piedad. Además, tiene el centro cultural de Alicante, la casa Lluis Guarner de Benifairó de les Valls, la Sala de Exposiciones Glorieta y la Casa Capellá Pallarés, ambas en Sagunt, y el edificio Santa María y la Sala de Exposiciones Casa Garcerà de Segorb. Los inmuebles de Sagunt y Segorb son consecuencia de la fusión con las cajas de ahorros de ambas poblaciones. Además, la entidad tiene otros veinte locales e inmuebles de menor valor, cuyo uso no está vinculado con la obra social: algunos están vacíos, otros se utilizan como almacén u oficinas y otros están cedidos a instituciones para fines sociales.

Obra social

El patrimonio artístico es también de gran calado: unas 5.200 obras pictóricas y esculturas, de entre las cuales destacan los grabados de Picasso adquiridos hace ya unos años. Además, acumula cuadros de Joan de Joanes, José de Ribera, José y Mariano Benlliure, Joaquín Sorolla —un hito de la Fundación fue la exposición en 2009 de las obras que el valenciano pintó para la Hispanic Society of America—, Ignacio Pinazo, Salvador Dalí, Miquel Barceló o Manuel Valdés. Por su parte, la Fundación Caja Castelló atesora una amplia colección de obras de artistas locales, como es el caso de Vicente Castell, Ramón de Stolz, Juan Bautista Porcar, Ramón Paús, Francisco Puig o el escultor Juan Bautista Adsuara. Además es propietaria de 27 inmuebles, incluidos el que alberga su sede en la capital de la Plana (Edificio Hucha) y el Centro Cultural Casa Abadía. Diecisiete de ellos los tiene cedidos a ayuntamientos (caso del Palau de Vivel de la Vall d’Uixó) o a entidades de interés social, como el Centro de Atenciones Sociales de Vila-real, cedido a Cáritas.

Estos son los poderes de Bancaja en la actualidad. Su muerte como entidad financiera la obliga ahora a convertirse en fundación para gestionar su obra social. Diversas fuentes apuntan que uno de los propósitos del presidente de la entidad es encontrar patronos —léase, empresas— que con su contribución ayuden a mantener la actividad de la nueva entidad social y eviten su futura liquidación y la consiguiente pérdida del patrimonio descrito. Bankia no será una solución ni a corto ni a medio plazo. No aportará nada a sus antiguos socios al menos hasta que se haya saneado tras la inyección de capital público por importe de 23.465 millones que ha disparado el rescate español. En el futuro, se verá, pero ese futuro va para largo y no está claro que los nuevos responsables de Bankia estén dispuestos a formar parte de unos proyectos para entonces ajenos. José Ignacio Goirigolzarri apoya la misión social de la banca, pero es probable que vaya por libre, según fuentes próximas al presidente de Bankia, aunque ello no eluda la opción de colaborar en materias coincidentes.

La última palabra la tiene la Generalitat. Si pretende reproducir el microcosmos que rigió los destinos de Bancaja hasta su muerte —representantes políticos, de los impositores, de los empleados, etc— el futuro de la fundación será complicado, en especial porque la administración autonómica tampoco tiene dinero para hacer valer sus galones y los empresarios o entidades financieras que quieran contribuir no parece probable que admitan que el intervencionismo político sea la carta de naturaleza de la nueva fundación.