El conflicto de Lafarge se recrudece en Sagunt después de que el comité de trabajadores «haya decidido poner fin a su moderación» e iniciar una nueva estrategia para conseguir que se permita a la empresa seguir explotando la cantera Salt del Llop; una decisión que a día de hoy sigue en manos del Ayuntamiento de Sagunt.
Así lo anunciaba ayer el presidente de la plataforma sindical Féliz Vélez de Guevara en la rueda de prensa que ofrecieron los grupos municipales de la oposición (PP, IP y C'S) tras un pleno ordinario al que acudieron los trabajadores con pancartas.
«Esa moderación y esos "mea pilas" se acaban ya». De esta manera, Vélez anunciaban nuevas acciones que prefirió no desvelar, aunque reconoció que «vamos a redoblar los esfuerzos » y que se les verá «no una sola, sino tres veces al mes».
Ésta es la postura decida por los trabajadores, hartos de ver cómo se dilata la respuesta municipal a la solicitud planteada por la fábrica para poder renovar el permiso de ocupación y seguir extrayendo caliza de la cantera por 24 años más.
De esta manera, respondían a la petición del concejal de Iniciativa Porteña, Manuel González, quien invitaba a los trabajadores a un «invierno caliente».
El comité acusó al tripartito de convertir el permiso de ocupación en un «baza negociadora» y volvió a insistir en que les están haciendo «lo más parecido a un chantaje cuando nos plantean que si queremos el permiso tenemos que rechazar nuestros derechos mineros en Romeu», que la empresa tiene hasta el 2042, momento en el que caduca su autorización minera.
Los tres grupos de la oposición del Ayuntamiento de Sagunt reclamaron ayer la celebración de un pleno extraordinario para antes de que finalice el año, con el objetivo de que la administración local se pronuncie a favor o en contra de otorgar el permiso de ocupación a Lafarge para seguir explotando la cantera Salt de Llop.
En el último informe de la Conselleria de Medio Ambiente, se le daba al ayuntamiento un plazo de diez días para el pronunciamiento firme, a partir del 19 de diciembre; en caso de no pronunciarse, el mismo dictamen recoge que el silencio se entenderá como un no, por lo que tendrá que resolver el Consell.
Uno de los más duros en la crítica al tripartito respecto a este conflicto fue el portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, quien acusó al gobierno de querer acabar con la empresa. «En su ánimo siempre ha estado destruirla», dijo. Para el líder de C's, esta pretensión es lo que justifica los últimos pasos dados por el tripartito; «el querer extinguir un convenio que es legal, dilatar la concesión de la ocupación, desmontar las alegaciones de la Generalitat; son actuaciones que demuestran que detrás de todo esto hay una animadversión a la empresa», afirmó insistiendo en que «ninguno de los últimos pasos del tripartito «responde a la lógica y a la sensatez», lo que reduce su postura a un mero «tema sentimental».
Tras hacer un recorrido de lo sucedido de este tema en los dos últimos años, el portavoz del PP y exalcalde Sergio Muniesa pidió al gobierno «respuestas; aquí se viene a dar soluciones y a resolver problemas», dijo recordando que si no se otorga la concesión, se pondrán en juego la inversión de 20 millones prevista por la multinacional, más de 500 puestos de trabajo y la protección del mismo paraje de Romeu.
Muniesa explicó en el conflicto actual se centra en un trámite administrativo e insistió que ese procedimiento reglado no es negociable, «porque eso tiene un nombre»; dijeron sin precisar más, dejando caer la sospecha de un posible delito.
El líder del PP pide que se cumpla el convenio firmado hace unos años, que establece la posibilidad de explotar Romeu hasta 2030 si no antes está abierto el Pinyal. «El convenio dice primera piedra en el Pinyal y la última, en Romeu», apuntaba.
