El pleno de Sagunt dio ayer luz verde con los votos favorables del cuatripartito y el concejal no adscrito a la recuperación de tres tasas y a la actualización del impuesto de bienes inmuebles (IBI), acuerdos que, en su conjunto, reportarán durante el próximo ejercicio unos ingresos extra de unos 500.000 euros. Mientras las intervenciones en el segundo caso se centraron en analizar la polémica evolución de este impuesto durante los últimos años, la discusión sobre las tasas giró sobre la conveniencia o no de recuperarlas.

Desde el gobierno municipal, el concejal de Hacienda, Pepe Gil, insistió en que su imposición va dirigida «a empresas o emprendedores, no a la ciudadanía en general». Entre las novedades con respecto a las ordenanzas que derogó el PP, el nacionalista destacó en el caso de la urbanística, con la que se espera recaudar 223.000 euros durante 2018, que «se fija un techo de 5.000 euros».

Además de apuntar que la intención consiste en «dotar de más recursos a los departamentos de Urbanismo y Actividades», Gil insistió en que «hemos ampliado los tramos para una mayor progresividad», al tiempo que destacó que «estas tasas no frenan a las empresas, que no piden no pagar, sino que los trámites sean más rápidos».

Desde la oposición, Sergio Muniesa lamentó que «este gobierno siempre aprieta a los mismos» y admitió que «estas tasas son asequibles, pero es otro gasto que se suma». El popular también apuntó que, los servicios municipales que el cuatripartito dice querer reforzar, «ya existen y están dotados económicamente», así que señaló que «es contradictorio decir que las empresas están felicitando al ayuntamiento por la agilización en la concesión de los permisos -según aseguraron Gil y el alcalde, Quico Fernández- y justificar la recuperación de las tasas en la necesidad de sumar recursos».

Por su parte, el edil de Iniciativa Porteña, Juan Guillén, centró sus críticas sobre la ordenanza de actividades, que reportará 145.000 euros al año, en el sobrecoste a los emprendedores y en las bonificaciones sólo contempladas «a colectivos residuales en cuanto a su número».

Tasa de transporte de energía

La otra tasa que se trató, la que gravará el transporte de energía sobre dominio público, permitirá a la hacienda local ingresar algo más de 100.000 euros y fue la única que se aprobó por unanimidad.

En cuanto al IBI, que prácticamente se congela para las viviendas y sube ligeramente para los 75 inmuebles con un valor catastral superior al millón de euros, Gil recordó que la recaudación apenas se incrementará en 29.000 euros.

Roser Maestro (EU) fue quien abrió el fuego sobre la evolución de este impuesto, marcada por la revalorización catastral. «Mientras el PP subió el IBI un 6 %, nosotros lo hemos bajado un 7 %», aseguró, mientras Muniesa, que vio como el interventor tumbada su propuesta para congelar el recibo, recordó que «los mismos grupos que en la oposición pedían que los ingresos por este concepto se quedará en 13,5 millones, propusieron ya en el gobierno elevarlos por encima de los 16 millones hasta que desde la oposición se lo impedimos».

Sobre este punto, el portavoz de Cs, Raúl Castillo, consideró «injusto» que se aumente la presión fiscal sobre las empresas que ahora van bien, cuando «en plena crisis que arruinó a muchas no se les bajó».