El equipo de gobierno votó en contra en el último pleno extraordinario de buscar una alternativa a la situación generada, tal y como recogía la moción presentada por Compromís. La propuesta solicitaba el inicio de un expediente administrativo para resolver el contrato de adjudicación de las obras dada la resolución del juzgado de primera estancia de Teruel que dictó la liquidación de la empresa en 2016 tras un concurso de acreedores. Pero además, los nacionalistas pedían que se ejecutara el aval, que asciende a 115.000 euros.
El gobierno votó en contra de la propuesta de los nacionalistas alegando la falta de información al respecto del caso, tal y como ha confirmado a Levante-EMV fuentes del mismo gobierno local, una misma argumentación que utilizaron a primeros de diciembre, quince días antes en el pleno ordinario, para dejar sobre la mesa la moción para su posterior estudio.
Desde Compromís han criticado la actitud del gobierno y han calificado de «excusa» su argumento. «Desde un primer momento su predisposición ha sido la de votar en contra y así lo han hecho», afirmaban desde Compromís.
Los nacionalistas también culpan de esta situación a la secretaria del ayuntamiento a la que acusan de «no cumplir con sus obligaciones». «Primero, no era conocedora de la moción aunque la presentamos por registro de entrada y en el segundo pleno, nos dice que le falta información, por lo que no había podido dictaminar, dijo, cuando había tenido dos semanas para hacerlo», insistían desde el Grupo Municipal de Compromís.
Liquidación de la sociedad
El plan de reforma interior d mejora (PRIM) del sector «Ventorrillo» que contaba con un presupuesto superior al millón de euros, se saca a información pública en 2005, aunque es en 2010 cuando la actuación se adjudica a Construcciones Vicente Pérez S.A. después de la aprobación plenaria. Tras unos años, la empresa cambia de nombre y en 2015 entra en un concurso de acreedores que acaba con la liquidación de la sociedad en 2016.
Unos trámites para mejorar el sector de El Ventorrillo que se han prolongado durante doce años en los que hay un incumplimiento claro del contrato, puesto que las obras debería finalizar el 4 de abril de 2012, tal y como recoge el mismo.
