La jueza del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Sagunt, Concepción Rut Montó ha calificado en un auto de «grosera prevaricación» las maniobras realizadas por el alcalde de Canet d'En Berenguer Leandro Benito y el ex secretario municipal José Antonio Sancho, para otorgar un contrato de asistencia jurídica a la Academia Valenciana de Juristas, una entidad tapadera vinculada al propio Sancho. El contrato fue aprobado por el consistorio de Canet el 20 de mayo de 2013, tenía una duración de dos años y el coste total del mismo ascendía a 69.696 euros; 57.600 euros para el primer año y 12.096 para el segudo.
La adjudicación de este contrato se realizó a través de un procedimiento negociado sin publicidad. Para ello, el ayuntamiento solicitó presupuesto a tres posibles interesados en el contrato: Amparo González Sanchís, Ignacio Sancho Moscardó y la Academia Valenciana de Juristas. El contrato fu adjudicado a esta última después que los otros dos participantes declinaran el ofrecimiento recibido.
Sin embargo, se daba la circunstancia de que las tres empresas a las que se realizó la propuesta en realidad eran la misma. En este sentido, la jueza que realiza la instrucción destaca que Amparo González Sanchís es la esposa del secretario de Canet José Antonio Sancho. Así mismo, llama la atención por el hecho de que el otro jurista que declinó la propuesta, Ignacio Sancho Moscardó, aparecía como secretario de la Academia Valenciana de Juristas en la documentación que esta aportó para optar a este contrato. Para la jueza que instruye el caso todo esto vendría a demostrar que «las tres empresas licitadoras son la misma empresa física o jurídica».
En este sentido, la jueza se muestra especialmente dura en sus valoraciones del caso. En concreto, la magistrada califica de «arbitraria, grosera y manifiestamente ilegal» la resolución acordada por el alcalde Leandro Benito y certificada por el entonces secretario general para conceder el contrato a la Academia Valenciana de Juristas. Por todo ello, la jueza acuerda en su auto proseguir con las diligencias contra el alcalde de Canet y Antonio Sancho por un presunto delito de prevaricación.
Por el contrario, la magistrada no ve indicios de delito en las actuaciones de los concejales del equipo de gobierno que aprobaron el dictamen ya que, según la jueza, ellos no dictaron resolución arbitraria alguna, sino que se limitaron a aprobar «formalmente» el expediente elaborado por Benito Leandro y el alcalde.
Sobreseimiento para tres ediles
En consecuencia, dictaminó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el concejal del PP y actual responsable de Urbanismo, Jaime Llinares, y contra Carlos García, concejal trásfuga de la pasada legislatura que dejó el grupo socialista para integrarse desde el grupo mixto en el gobierno del PP. El auto también exonera al entonces edil de Hacienda Carlos Julián Zaera, entonces concejal de Hacienda. Sin embargo, Zaera está actualmente procesado por crear facturas falsas en 2010 para que otra entidad creada por Antonio Sancho, Pangea Arco Mediterrámeo, cobrara subvenciones fraudulentas de la Junta de Andalucía. Por este motivo la fiscalía pedía para él 7 años y seis meses de cárcel.
