Aunque la crisis ha descuartizado todos los manuales clásicos del liberalismo económico a fuerza de intervenir en el mercado con cantidades siderales de dinero público que acuden al socorro de grandes corporaciones financieras y sectores en quiebra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, pretende presentarse ante los electores como adalid de las viejas recetas. Propone una racionalización del Estado de las Autonomías que constriña el desbocado tamaño de las Administraciones Públicas y anuncia que, en caso de alcanzar la Moncloa, impulsará desde allí una ley que imponga un tope de gasto a ministros, alcaldes y presidentes autonómicos. Tales iniciativas no sólo son sensatas, sino que resultan aconsejables para ajustar la deuda que atenaza la estabilidad económica e impide generar empleo. Y podría comenzar aplicándolas aquí mismo, porque la gestión realizada por el PP desde 1995 en la Generalitat y muchos ayuntamientos valencianos está muy lejos de la que aconseja Rajoy. Eduardo Zaplana primero, José Luis Olivas transitoriamente y Francisco Camps después no han echo más que agrandar la Administración. En los últimos quince años se ha duplicado el sector público valenciano, el número de funcionarios ha crecido un 30% y la deuda pública se ha multiplicado por seis. Rita Barberá, por ejemplo, ha aumentado el gasto en nóminas un 226% y Aerocas aún se atreve hoy a reclamar subvenciones para las aerolíneas que atraigan viajeros a un aeropuerto inviable. El líder del PP debería hablar con los suyos.
