Unos 250 millones de euros debe la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana a cerca de 50.000 familias que pidieron y obtuvieron ayudas para comprar viviendas nuevas o usadas. Se trata del sector de población con poder adquisitivo más bajo, el que puede optar a las subvenciones para adquirir un piso modesto, el bien de mayor entidad con el que se harán en toda su vida. Y aún así, la Generalitat lleva toreando a este importante colectivo cerca de cuatro años, retrasando los pagos de ayudas que concedió hace muchos meses y con cuyas cantidades contaron los beneficiarios a la hora de hacer sus cuentas y lanzarse a una hipoteca. En pleno debate de presupuestos en las Corts Valencianes, en el que los portavoces del equipo de gobierno subirán a la tribuna a destacar que las cuentas son «las más sociales de la historia» y a subrayar las bondades del gasto para los más desfavorecidos, la situación de las 50.000 familias afectadas por los impagos de las ayudas a la vivienda clama al cielo y exige una reparación. Cristina Aguilar, desde Patraix, asegura que «las subvenciones son una mentira» tras esperar cinco años a que el Consell le abone los 13.000 euros que le concedió por medio de un «cheque acceso a la vivienda usada». Dan Pastor, desde el barrio de la Trinitat, en Valencia, tiene solo dos meses más de paro y la Generalitat le debe 11.700 euros. «Te venden humo», afirma. Mientras, Infraestructuras escurre el bulto y vuelve a pedir papeles que ya recabó alegando que han cambiado los números de las cuentas bancarias. Excusas de malos pagadores. Los farmacéuticos consiguieron un plan de pagos con dos protestas en la calle ataviados con sus batas blancas; los proveedores han cobrado del FLA, pero los desheredados de las ayudas a la vivienda no tienen quien les saque las castañas del fuego. El presupuesto se cerrará y les volverá a dar con la puerta en las narices. Si hubiera justicia no habría ayuda sin abonar el 1 de enero.
