Demasiadas denuncias, ninguna respuesta. Esta es la forma en la que se puede resumir la historia reciente del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia. Hace ya mucho tiempo que se vienen produciendo testimonios narrando la constante vulneración de derechos fundamentales en el centro y hasta hoy no se ha dado a conocer la existencia de procedimientos solventes para esclarecer los hechos por parte de la Delegación del Gobierno.
Una primera consideración necesaria: ninguna institución democrática está legitimada para actuar al margen de los derechos humanos. Por duras y difíciles que sean las condiciones de vida de los acogidos en cualquier institución, no se puede instalar el modo espera en el acceso a condiciones de habitabilidad dignas, la integridad física y moral, la atención sanitaria y la asistencia jurídica.
Al margen de su condición o procedencia no hay muros, ni puertas que aíslen a una persona de sus derechos fundamentales. En los países democráticos no existen caminos intermedios o vías secundarias, de manera que mirar hacia otro lado, puede implicar la complicidad de las instituciones en una mala práctica. Si alguna de estas salvaguardas no tiene suficiente blindaje, defensa institucional y trasparencia, nos situamos en el peligroso territorio de la inseguridad jurídica selectiva. Con la gravedad añadida de que los casos denunciados en este tipo de centros corresponden a personas que se encuentran bajo la tutela institucional. Por tanto, si se vulnera alguno de sus derechos básicos, se está poniendo en cuestión la credibilidad del Estado en su conjunto.
