La jubilación supone el final de la vida laboral y se alcanza al cumplir una determinada edad. Debe ser una situación deseada, a la que se llega de forma armoniosa. Aunque la edad cronológica ha sido siempre el criterio para jubilar, en algunas actividades, fundamentalmente las de tipo intelectual (profesores, jueces, médicos...), la normativa ha permitido la prolongación de la actividad laboral más allá de la edad fijada por ley.

En los últimos años, los expertos apuntan que el sistema de pensiones es insostenible y abogan por retrasar la edad de jubilación de forma progresiva. De hecho, la actual legislación española sigue esas consignas. Pero recientemente la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valencia ha promulgado un decreto que fija en 65 años la jubilación forzosa de los médicos. Decisión que se justifica por un supuesto reordenamiento de los recursos sanitarios. La realidad es que este decreto viene a incidir en una política de recortes sanitarios cuyo objetivo es el ahorro económico sin importar las repercusiones en la asistencia sanitaria.

Pero existen argumentos que, aparte de apoyar la repercusión negativa a nivel asistencial, demuestran que no se produce el ahorro económico que se pretende. En principio, existirían dos motivos para justificar la jubilación forzosa a los 65 años. Por una parte, amortizar la plaza con el consiguiente ahorro de una nómina, lo que supondría un recorte de personal que contribuiría a mermar la calidad de nuestra sanidad. Por otra parte, sustituir al jubilado por otro profesional, ahorrándose los complementos de antigüedad. Pero como el jubilado forzoso pasaría a cobrar una pensión máxima que saldría de las menguadas arcas del Estado y la propia consellería tendría que abonar un nuevo sueldo, el coste final de la operación sería negativo para el Estado, que se encarga de rescatar a nuestra comunidad, arruinada por el despilfarro y la corrupción.

Aparte de lo apuntado, existe un aspecto puramente profesional. En las actividades de tipo intelectual, las personas de 65 años se encuentran en un buen momento de su vida laboral, ya que coincide la formación adquirida a lo largo de muchos años con un plus de experiencia y capacidad docente que la sociedad no puede permitirse el lujo de desaprovechar. Y en un plano de optimización de recursos, aportan rentabilidad, ya que con las habilidades adquiridas podrían ahorrar tiempo y recursos diagnósticos.

En cuanto al aspecto puramente político, sería deseable que cuando se va a promulgar un decreto se recabara previamente la opinión de las partes implicadas. No sé si se habrá hecho, pero en este caso prácticamente todas las personas o instituciones involucradas están en desacuerdo, ha sido rechazado por sindicatos, sociedades científicas y colegios profesionales y en muchos casos ni los propios gerentes de los departamentos de salud entienden la medida aunque por obligación tienen que cumplirla. Incluso los tribunales dictan sentencias contrarias al decreto. Todo ello lleva a pensar que la decisión es más producto de un empecinamiento que de un convencimiento.

Decía Platón en uno de sus célebres aforismos que la diferencia entre una persona sabia y otra necia estaba en que la primera cuando hablaba era para contar algo que mereciera la pena y la segunda para decir algo que se le ocurriera. En este caso, la Conselleria de Sanitat se ha subido al carro de las ocurrencias.