Ahí empezó todo. Ese día los valencianos empezaron a vivir por encima de sus posibilidades, pero entonces no lo sabían, y sus máximos representantes políticos (de todos los partidos), sociales y económicos saltaban de alegría y brindaban con zumo de naranja porque el multimillonario italiano afincado en Suiza Ernesto Bertarelli había elegido Valencia para poner en juego la Copa del América de vela que había ganado en Nueva Zelanda ese mismo año. Era el 26 de noviembre de 2003. Han pasado doce años, siete de ellos de una profunda crisis económica que ha arruinado las arcas públicas y privadas y ha dejado a la deriva a miles de ciudadanos. Y es hora de pagar las facturas. El Consorcio Valencia 2007, constituido por Generalitat, Gobierno de España y Ayuntamiento de Valencia, confiesa que no puede pagar la deuda que contrajo para reformar por completo la dársena interior y hacer posible la competición de vela, con el nuevo canal y los pantalanes para yates. Son 420 millones de euros, casi el doble de lo que debe el Valencia CF, invertidos en un área que iba para nuevo barrio pero que no despega.
El Instituto de Crédito Oficial prestó el dinero para las obras, con el aval del Estado, se decía entonces, con un gobierno socialista en la Moncloa. La alcaldesa Barberá subrayaba a menudo que el Estado no daba nada, que era un préstamo que habría que devolver, pero tampoco logró que los suyos condonaran la deuda. El propio Montoro lo dejó claro en su última visita.
Uno se pregunta si Sevilla o Barcelona aún deben el dinero que costó al Estado rediseñarlas completamente y reformarlas con motivo de los fastos de 1992, convirtiéndolas, sobre todo a la segunda, en uno de los principales destinos turísticos del mundo. La gestión del Consorcio habrá sido buena, mala o regular (a la dársena no va nadie más que a hacer «botellón») pero la sensación de que aquí se paga por lo que a otros le regalan no se va.
