Un think tank presidido por la que fuera secretaria de Estado con Bill Clinton, Madeleine Albrigth, ha elaborado una guía para construir coaliciones. La periodista Sol Gallego Díaz se hacía eco de algunas de las reglas contenidas en esa guía en su habitual columna dominical de El País. En estos días en que PSPV y Compromís se afanan en construir un gobierno de coalición, con el apoyo externo de Podemos, no está de más recordar algunas de ellas. Cito a Sol Gallego: «La primera de todas las reglas [de casi obligado cumplimiento] es no creer que basta con compartir información dentro de la propia coalición. Eso es necesario, pero mayor importancia tiene aún informar frecuentemente a los ciudadanos de lo que se hace y cómo se hace. Lo razonable es tener una agenda muy concreta de cuatro o cinco puntos y hacerla avanzar de manera rápida y comprensible. Nada hay mejor para una coalición que conseguir resultados tangibles cara a los ciudadanos. Se recomienda mucho que los portavoces de los grupos no compitan entre sí, sino que procuren aparecer juntos defendiendo una misma campaña u objetivo (?) Otra regla fundamental es que quede claro desde el principio el mecanismo de la toma de decisiones y el mecanismo de resolución de disputas». Sol Gallego recuerda que esta guía estaba destinada a Irak y concluye: «Este dato no debería dar lugar a demasiadas interpretaciones simbólicas».
La Comunitat Valenciana no es Irak, por fortuna (bastante desgracia hemos tenido en semejarnos demasiado a Sicilia, Grecia o México) pero visto cómo están las negociaciones para la formación del nuevo Consell, no estaría de más que se tuvieran presentes algunas de las recomendaciones enunciadas más arriba. El punto de partida es bueno. El Acord del Botànic es un breve documento de apenas cinco puntos que define una agenda muy concreta. Cuestión distinta es que sea realizable de inmediato. La alcaldesa de Madrid ha sido en este sentido de una pedagogía envidiable. Manuela Carmena ha dicho: «Lo más importante cuando se hace un programa son los objetivos». «[Durante su elaboración] intentamos tener los datos en la mano para asegurar al máximo las actividades que a título ejemplar o indicativo se incluyeron en el programa electoral. Pero se trata de plantear con un gran realismo que lo importante son los objetivos, la igualdad, la buena gestión contra la corrupción. Si luego hay una determinada actividad descriptiva que aparece en el programa que veamos que no se puede hacer, que no es el mejor momento, que hay que dejarla para mejor ocasión, que quizá hay que repensarla, pues lo haremos, es lo lógico». Las declaraciones de Carmena están llenas de sentido común y en el polo opuesto de quienes pueden tomarse el Acord del Botànic como si fueran las mismísimas tablas de la ley recién sacadas del horno del Sinaí.
De ese mismo sentido común están hechas las declaraciones del presidente de Bankia al analizar el plan antidesahucios del Ayuntamiento de Madrid. José Ignacio Goirigolzarri cree que el plan de crear una oficina antidesahucios es «un concepto adecuado. En el País Vasco hay una que está funcionando muy bien», dijo. Como la pólvora y el Mediterráneo se descubrieron hace ya mucho tiempo, no estaría de más que nuestros munícipes siguieran la estela de Carmena. Al fin y al cabo, Bankia es la primera entidad financiera de la Comunitat Valenciana.
Si no ocurre nada extraño, el próximo jueves, 25, Ximo Puig, tras el preceptivo debate, será investido presidente de la Generalitat con los votos de su partido, de Compromís y de Podemos, suficientes y necesarios para alcanzar una mayoría absoluta ajustada en la primera votación. Bien está lo que bien acaba, pensará la mayoría. No estoy tan seguro. A la hora de escribir esta crónica, Compromís sigue insistiendo en reclamar la conselleria de Presidencia para Mónica Oltra. Si el PSPV acepta esta (pen)última exigencia, la lideresa ostentaría la Vicepresidencia del Consell más una macroárea que englobaría la Consellería de Presidencia, la Consellería de Bienestar Social e Igualdad más la portavocía del Consell. El resto del gobierno valenciano quedaría de la siguiente manera: el PSOE ostentaría la Presidencia de la Generalitat y las conselleríes de Hacienda y Administraciones Públicas; Sanidad; Justicia y Gobernación más Obras Públicas e Infraestructuras. Compromís, por su parte, obtendría, amén de las áreas que gestionaría Oltra, Agricultura y Medio Ambiente; Educación y Cultura; Economía, Industria y Turismo más una de nueva creación que llevaría el nombre de Transparencia, Participación y Cooperación. Si se repasa bien la distribución del poder en el futuro Gobierno valenciano se observará que el PSOE gestionará cuatro conselleríes por cinco de Compromís, aparte quedan la Presidencia y la Vicepresidencia del Consell con su gran macroárea. Los socialistas, sin embargo, no están dispuestos a cederle el departamento de Presidencia a Oltra.
Mientras socialistas y valencianistas siguen discutiendo el cómo, un problema no menos espinoso de resolver que el qué y el quién (para que luego digan algunos que el poder no interesa) los problemas se amontonan sobre la mesa. El presidente en funciones Alberto Fabra y su gobierno están desaparecidos y apenas resuelven problemas de trámite. Fabra, que da toda la sensación de haberse quitado una enorme carga de encima, pasa de su partido y va a su aire. De alguna manera, hace bien. El aparato del PP nunca le apoyó en su quijotesca cruzada contra la corrupción. Así que se permite gestos de demócrata tolerante y un poco despistado, como cuando anuncia que los populares se abstendrán en la votación de Puig para, después de ser llamado al orden, corregir su postura inicial. Un cambio que, me parece, le importa poco.
Vale que esto no es Irak, pero si PSPV y Compromís siguen con sus discrepancias y Madrid estrangulando la financiación se va a parecer mucho. Para conjurar el peligro no estaría de más que los partidos de la izquierda tuvieran presente la guía para construir coaliciones y, con Manuela Carmena, recordar que lo importante son los objetivos.
