Nada más sentarse en sus sillones, los gestores de las nuevas administraciones valencianas se han puesto a rebuscar contratos adjudicados a empresas privadas para estudiar la posibilidad de revertirlos ante la sospecha de que estén amañados o resulten lesivos para las arcas públicas. En alguna ocasión, se ha llegado muy lejos con el anuncio de rescate y ha habido que plegar velas discretamente al percatarse de que el camino elegido era el equivocado. Así sucedió con la contrata de la grúa de Valencia y con el servicio de control y cobro del aparcamiento regulado, la popular ORA, aunque en los tribunales hay también ejemplos de que la cautela tenía base, como sucede con las resonancias magnéticas en el área de sanidad.
El que la haga, que la pague, pero la Administración no puede ni debe satanizar al sector privado como a menudo ocurre. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, acompañaba el miércoles, visiblemente satisfecho, al empresario Juan Roig y a su familia, en un recorrido inaugural por el circuito de cinco kilómetros para corredores que la Fundación Trinidad Alfonso, impulsada por los propietarios de Mercadona, ha sufragado en el Jardín del Turia con dos millones de euros de inversión. El resultado de esta colaboración privada en el espacio público más utilizado de la capital es espectacular. El trazado para ejercicios en carrera ha logrado, con un simple cambio de pavimento y color, la ordenación del tránsito peatonal y ciclista del parque.
En febrero de 2012, el anterior gobierno municipal inauguraba una realización similar. También gastó dos millones de euros, en aquel caso de las arcas públicas, del llamado Plan Confianza, y tenía por objeto canalizar los distintos usos peatonales y ciclistas del jardín. No consiguió nada. La gente paseaba al perro por el carril bici y pedaleaba por las sendas peatonales. Habrá que reconocer la eficacia de los Roig. Con su dinero han logrado lo que el ayuntamiento no alcanzó con el de todos. Lo público no siempre es una garantía.
