Convocados por el CVC, empresarios e instituciones han suscrito un compromiso para impulsar la inversión en investigación al 2 % del PIB, al margen de los cambios políticos. Se trata de un reto que se debería haber abordado hace décadas. Tantas como aquellas durante las cuales a todos los agentes sociales, políticos y económicos se les viene llenando la boca hablando de la importancia de promover la I+D+i como herramienta básica para mantener nuestra competitividad y ayudar al no menos manido cambio de modelo económico. En ese campo, los parques tecnológicos „impulsados por el nuevo responsable del Alto Consejo Consultivo para la Innovación cuando era conseller de Industria, Andrés Gracía Reche„ estaban llamados a desempeñar un papel clave, si bien su posterior desarrollo ha terminado por desviarles del mismo. Además, la transferencia entre universidad y empresas no termina que fluir como sería deseable, pese a la presencia de destacados patronos en los consejos sociales. Por no hablar de la escasa inversión, privada y pública, muy alejada de los países más desarrollados de nuestro entorno. Sin ese esfuerzo tantas veces anunciado pero nunca ejecutado, nuestra economía ha perdido valor añadido con el paso de los años; por eso, el pacto no puede quedarse en un gesto. De ello depende en gran medida nuestra capacidad de recuperación.
