Decíamos la semana pasada que el actual modelo es inservible para mantener al Reino de España en su actual formato, incluyamos o no a Cataluña en él. Aquellos que queremos seguir viviendo con el sentimiento, contradictorio pero real, de ser españoles, es vital el rediseño de esta actual España para que sea viable bajo un paraguas constitucional debidamente actualizado, Tan importante o más, que el referéndum catalán o la insolidaridad vasca es la financiación del resto de comunidades autónomas (CC AA) que en tiempos de crisis puede convertirse en un mecanismo desintegrador. Ninguna referencia explícita a ello está en los pactos postelectorales que se están negociando.
Las CC AA, en las presentes dudas de Europa sobre si misma, han mostrado sus limitaciones como administraciones intermedias deseosas de gastar lo que no recaudan y dispuestas a competir en agravios recibidos. El Reino de España emanado de la Constitución tiene en ellas una de las partes más indefinida y debemos corregirlo con urgencia. Si queremos una España con CC AA definamos con claridad tanto de lo que se encargan, como de dónde salen los ingresos de sus presupuestos, al tiempo que aligeramos las estructuras administrativas de ministerios obsoletos.
Inevitablemente van a surgir argumentos históricos y balanzas fiscales que inclinaran a seguir caminos de independencia, en sus diversos grados de insolidaridad. El tema es delicado y muy sutil. El proceso de actualización y reforma del modelo necesita inteligencia y buena voluntad; unas virtudes poco compatibles con la lucha partidaria diaria. Hoy las comunidades autónomas están mal definidas, una especie de híbrido entre un falso Estado federal y un mecanismo que pretendía resolver las desigualdades territoriales.
Nos queda un camino muy espinoso con dos singladuras. Primero, conseguir un acuerdo político que requiere una reforma constitucional que en ningún caso debe ser empezar desde cero. Aquí pretendemos hacer refundaciones cada 40 años, mientras que el resto el resto del mundo va a seguir su camino. Segundo, una vez definida la voluntad política, son los detalles, donde el diablo se siente a gusto, y para plasmarlos se necesitan personas con altura intelectual y moral.
Es una tarea para líderes con criterio y solvencia que no pueden esperar el aplauso general, ya que esta es la consecuencia de todo acuerdo colectivo. A quienes hilvanen este nuevo orden español, sólo les quedará la bonhomía y la duda de si podían haberlo hecho mejor. Las contradicciones que la persona honrada tiene que soportar en su mochila.
A estas alturas alguien debería tener escritas las condiciones para que la actual Generalitat Valenciana (GV) sea viable. Parece que nadie lo ha hecho. Dentro de pocos meses, con gobierno o sin él, habrá que tener un borrador para encarar tanto el reparto vertical, entre Gobierno central y 17 gobiernos autonómicos (aquí hay que incluir a las dos comunidades forales, Euskadi y Navarra) como el horizontal entre las 15 no forales.
Ni desde la GV, ni desde Cataluña, las dos con mayores dificultades financieras, ninguna propuesta ha surgido. En el entorno de Artur Mas se ha decido romper, consideran que no tienen solución financiera dentro del Estado y quieren seguir solos; están ajenos a cualquier discusión sobre el reparto entre CC AA. No parece un ejemplo válido para nosotros. Muchos valencianos necesitábamos vitalmente, que los responsables de la era ZOC (Zaplana-Olivas-Camps) pasaran a la historia de la ignominia y sería deseable que de los tribunales ordinarios. Algo se empezó a satisfacer con las elecciones de mayo.
Pedir un voto y conseguirlo encierra el sobreentendido de que quien se hace cargo de un gobierno tiene conocimiento previo de lo que va a encontrarse y por tanto tiene pensadas medidas reales para afrontar la situación financiera. No haberlo hecho es pura irresponsabilidad antidemocrática. Camino del medio año de trabajo, la única metodología que tiene el nuevo Consell es la denuncia no se sabe muy bien contra quien, acompañada de vagas peticiones de solidaridad junto con el argumento de un supuesto menosprecio secular al que estarían sometidos los valencianos.
La etapa ZOC destruyó demasiadas cosas, pero argumentos como los citados sólo podrían quizás ser útiles en una populista revolución chavista, pero son vanos en Europa, aunque se vistan de recurso contra el Estado. Un documento que nadie conoce y que no verá la luz porque se gestó como argumento contra Rajoy y Montoro y éstos, de hecho, ya no están. Si alguien lo recibiera algún día, procederá a su remisión al Tribunal Constitucional, donde se constatará su inutilidad.
Hoy, pasado un mes escaso de la llegada a Valencia del FLA extraordinario, la metodología de la reivindicación indignada se ha agotado. En el fuero interno del Consell hay un cierto desencanto de impotencia: contra Montoro, ¿vivíamos mejor?
Preguntaba un periodista al conseller Soler: ¿qué pasará si acaba 2016 sin que haya un nuevo sistema que mejore la financiación que recibe la Comunitat Valenciana? La respuesta fue casi futbolística: «Tenemos más posibilidades de las que parece. Hay tres escenarios. Escenario A, se pacta un nuevo sistema con efectos retroactivos al 1 de enero, lo que nos permitiría tener una cantidad superior a esos 1.300 millones, si se establece un sistema justo que no maltrate a los valencianos. Escenario B, hay un nuevo Gobierno que entiende la situación y, si no acaban las negociaciones en 2016, se habilita una partida extraordinaria para casos singularmente duros en España. Y, escenario C, continuamos como hasta ahora».
La conversación continuaba. ¿Y en el peor de los escenarios cómo se cubrirían esos (virtuales) 1.300 millones de euros consignados? «En ese caso la opción sería solicitar un (otro) FLA extraordinario para financiar la desviación del déficit que se produzca respecto al objetivo del 0,3 % del PIB regional autorizado para 2016». El equipo Puig/Soler repite en esencia las huellas de Fabra/Moragues.
El conseller parece estar muy cerca de lo que Mas argumenta: «La Constitución se ha de aplicar en Cataluña, pero también fuera de Cataluña y en el País Valenciano no se cumplen los principios de igualdad, suficiencia y equidad que señala la Constitución». Parece que el 25 % de españoles está sojuzgado por el 75 % restante. Esto tiene algo de demagogia. Con estos apriorismos y con Cataluña rompiendo la baraja es difícil pensar que desde la GV puedan surgir personas capaces de debatir con rigor.
No debe haber acuerdo alguno en el Parlamento del Reino de España sin abordar y resolver el problema que nos ocupa.
Continuará.
