La secretaria general del PP valenciano, Isabel Bonig, ha dado un ultimátum a los concejales de Valencia imputados por blanqueo en el caso Taula para que dimitan. De lo contrario, todo el peso del Partido caerá sobre ellos y les expulsará.
«Pues muy bien», deben pensar Beatriz Simón, Maria Àngels Ramon-Llin o Cristóbal Grau. Parafraseando al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en Valencia no va a dimitir «ni el Tato». Y muy a pesar de Bonig no se trata de un tema político, ideológico, de decencia u honestidad. Es un caso de dinero, de supervivencia personal, de no acabar arruinado y con el patrimonio familiar liquidado.
Pocos de los concejales «investigados» tienen donde caerse muertos si dejan el acta, que como es sabido es personal e intransferible y el PP nada puede hacer por quitársela. Sólo hay alguno que podría cobrar la jubilación y sólo Félix Crespo sobrevivir con su sueldo en la Universitat de València, que ya tiene alguna experiencia de profesores imputados por corrupción.
Todos los concejales del PP de Valencia saben que, con la lentitud de la Justicia por la falta de medios, el juicio de la operación Taula puede retrasarse hasta dentro de dos o tres años. Todavía está en instrucción. Y hay que pagar abogados y procuradores. Y eso es mucha pasta, que puede ser cubierta con los más de 3.000 euros limpios que percibe un edil raso del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo van a renunciar a esa bicoca?
En estos momentos eso es lo único que se le pasa por la cabeza al equipo de Rita Barberá, que ahora ha sido abandonado a su suerte pese a que pasearon la marca popular por la calles de la capital durante años.
Porque la historia de los imputados políticos se repite una y otra vez. Muchos de los investigados en casos como Emarsa, Gürtel, Brugal o Blasco han acabado arruinados y gastándose todo el dinero confesable. Otros, cansados y arruinados por las minutas de los letrados se tuvieron que pasar a la justicia gratuita. Y ya se sabe el interés de los letrados cuando cobran 700 euros por caso.
Sólo han podido aguantar los que tenían un sueldo público. Porque hoy en día pocas empresas se atreven a contratar a un imputado. Mucho más difícil es montarse una empresa. El estigma de la corrupción es demasiado grande.
Así que, la inmensa mayoría de los concejales del PP de Valencia se irán al grupo de no adscritos y ya está. Ni Bonig, ni Rajoy, ni tampoco Joan Ribó podrán hacer nada por evitarlo. Al menos, hasta que no haya sentencia firme. Y para eso, queda mucho tiempo y muchos programas de Ana Rosa Quintana y Antonio García Ferreras.
El primer imputado de Emarsa data de 2010. En 2016 todavía no se ha celebrado el juicio. El principal acusado ya lleva gastados más de 200.000 euros. Hagan números.
