Uno puede pensar que un hotel-casino de lujo que un grupo inversor de Singapur quiere erigir junto a la dársena interior del puerto de Valencia no es precisamente lo que uno desearía para contribuir al crecimiento económico y el empleo. Desde que el magnate Sheldon Adelson quiso levantar su Eurovegas en los secarrales de Alcorcón poniendo como condición, entre otras, que se cambiara la ley antitabaco para que se pudiera fumar en las salas, este tipo de complejos mueve mucha tinta pero no tiene buena prensa.
El grupo ARC buscó introductor en Valencia para tantear las posibilidades que tenía su proyecto y el representante en España, José María Esquerdo, acabó en el despacho del histórico líder del nacionalismo valenciano Pere Major, en la confianza de que actuaría como conseguidor. Éste declaró después que no se movió ni a favor ni en contra porque no se creyó la propuesta, aunque habría tenido difícil una intervención por su matrimonio con la concejala de Compromís (alcaldesa en funciones este fin de semana) Consol Castillo, titular de voz y voto sobre el futuro del hotel-casino.
El gobierno local compuesto por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú, ha decidido dejar escapar el proyecto turístico por incompatibilidad ideológica y de modelo económico. Que si privatizaba la dársena; que si no cumplía todas las normativas municipales; que si no tenía suficiente aval económico... No gustaba, y punto. Adiós a más de mil millones de inversión, al pago de los 400 millones de euros de la deuda por la transformación del puerto para la Copa del América, que ARC aseguraba que estaba dispuesta a asumir, y a más de 1.000 empleos que se asociaban al complejo.
Se marcha un proyecto con aristas y queda la sensación de que la decisión estaba tomada de antemano, que la iniciativa no ha sido estudiada en detalle, que ni siquiera se le ha dado una oportunidad. Entonces es necesario preguntarse por la alternativa. Si en la Comunitat Valenciana hay casi 500.000 parados, de los que unos 67.000 están registrados en la ciudad de Valencia, cabe esperar que si se desatiende un proyecto de 1.000 millones y 1.000 puestos de trabajo es porque hay dónde elegir.
Lo malo es que no hay. Los partidos de izquierda y los nacionalistas que alcanzaron el gobierno de la Generalitat y numerosos ayuntamientos en las elecciones municipales y autonómicas del año pasado basaron sus campañas y sus primeras decisiones políticas en la necesidad de rescatar a las personas que la crisis había dejado en la cuneta. Fruto de esas promesas, el gasto público se ha disparado, como subraya el ministro Montoro, de forma especial en la Comunitat Valenciana por el arrastre de una financiación inadecuada, pero ello no ha sido obstáculo para iniciativas como la gratuidad de los libros de texto, la recuperación de la sanidad universal o la supresión de los copagos sociales y farmacéuticos.
Siendo todo lo anterior muy importante, por lo que implica del cumplimiento de promesas electorales y de mejora de la calidad de vida de muchos desfavorecidos, el mejor rescate es un puesto de trabajo, que otorga seguridad, capacidad económica, autoestima y futuro a personas y familias, e inyecta en el ciclo económico los manás del consumo privado y los impuestos. Y en esa materia el gobierno surgido del Pacte del Botànic no presenta demasiado buen balance. La mejora de la situación económica general proporciona ligeros avances pero decisiones políticas directas han sido cuestionadas por agentes sociales, especialmente por la patronal, como negativas para la economía valenciana, la confianza empresarial y las posibilidades de captar inversión foránea.
El hotel-casino de la Marina Real ha sido víctima del mismo cuadro de actuación política que liquida el proyecto comercial y de ocio Puerto Mediterráneo en Paterna. Ambas iniciativas son consideradas poco sostenibles por los dirigentes de Compromís y Podemos mientras los del PSPV-PSOE piden una reflexión serena, pero con la boca pequeña, por miedo a romper pactos de gobierno en los que participan.
El alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo, defendía un proyecto que le suscitaba reparos principalmente porque si lo rechazaba tendría que mirar a los ojos a sus vecinos y decirles que sus hijos y nietos iban a continuar sin trabajo. A la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, le bastó un minuto para calificar en público de «barbaridad» el proyecto y anunciar su rechazo frontal, marcando el negro futuro de la iniciativa.
En los próximas días, numerosos centros comerciales dejarán de abrir los festivos en aplicación de las medidas proteccionistas que el tripartito ha decidido establecer para los pequeños establecimientos. Cientos de contratados los últimos años para fines de semana irán a la calle, como ya anuncia el complejo anexo al estadio de Orriols, que prescindirá de 200 trabajadores.
Se va el hotel-casino, se va Puerto Mediterráneo y se va buena parte de la apertura de comercios en los festivos, pero de momento no viene nadie con un pan bajo el brazo. Sólo Montoro pidiendo más recortes porque las cuentas no salen.
