Insistir en el hecho que el actual modelo de financiación es injusto para la Generalitat Valenciana (GV) es un ejercicio tan obligado como cansino. Sin embargo, una vez reiterado, no queda otro remedio que analizar las consecuencias que tiene seguir gobernando el día a día con esta situación.
Tanto en el Consell de Fabra como en el actual del tripartit se recurre al mediático término de línea roja para definir la imposible labor de garantizar servicios públicos en tiempos de quiebra financiera. Aunque no se desee, en absoluto, que los recortes autonómicos lleguen, se hace difícil aceptar que la única salida sea gobernar la GV asumiendo que en algún momento llegará una solución milagrosa, que se busca como fruto de una constante tensión entre dos instituciones del Estado español.
Hay que rebajar la épica de las líneas rojas de la GV. Su puesta en práctica se ha limitado a presentar unos presupuestos anuales poco rigurosos por optimistas, votados por la correspondiente mayoría de Les Corts. Como todo presupuesto, se han presentado como equilibrados entre ingresos y gastos, pero la realidad es tozuda. Al cerrarlos los déficits han venido siendo muy importantes. Las líneas rojas han consistido en elaborar presupuestos que no rebajaban los del año anterior por muy incorrectos que se hubieran mostrado. La hipótesis siempre ha sido que en algún momento alguien sacaría a la GV de su desdicha y poco importaba menos que la deuda de la GV aumentara.
Entre la posibilidad de recortar o endeudarse, la inmensa mayor parte de la ciudadanía opta por lo segundo, pero esta eleccion no se puede dar un año si y otro también. Con un modelo de financiación autonómica que nadie ha cambiado sustancialmente durante lustros y lo que es peor, la falta de voluntad e ideas que se detectan en los distintos programas electorales para el 26-J, al respecto, la situación financiera de la GV no se sostiene. Europa ya no va a prestar como hasta ahora, por lo que el conflicto entre Estado central y GV es una evidencia que nadie sabe encarar, mas allá de la descalificación.
El pasado miércoles, presentados por Angel Ortí, dos prohombres de la comarca de Morella, el president Ximo Puig y quien fue mano derecha de Fraga Iribarne, Manolo Milian Mestre, comentando el libro de éste «Ponts trencats», hablaron largo y tendido con la sinceridad que da la conversación con quien ha nacido bajo tu mismo cielo. Milian curtido en mil batallas comentaba a su amigo Ximo la profundidad de la crisis, vino a decir que primero se llevó las perspectivas, después los empleos, a continuación a los partidos que hicieron la transición y ahora ya amenaza a las instituciones. Entonces recordó al historiador británico Hugh Thomas que le había diagnosticado que en España siempre que las instituciones han flaqueado ha surgido la violencia.
La interesantísima conversación siguió, pero una basurita apareció en la cabeza de quien acababa de leer una nota de prensa de la Conselleria de Hacienda, de la misma fecha que la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE) que decidia el dinero para los mecanismos adicionales de liquidez (el FLA ordinario y el extra-FLA que no hay que confundir con el FLA extraordinario). Son los fondos que desde hace demasiado tiempo permiten que la GV haga frente a sus necesidades más inmediatas, aunque las facturas se paguen desde Madrid. La nota ponía negro sobre blanco en boca del conseller Soler: «En el actual contexto, el FLA es necesario pero supone una doble estafa (la cursiva es lo que produjo la citada basurita) primero porque es un crédito y segundo porque aumenta la deuda que tenemos. El FLA supone cambiar derechos por préstamos».
La opinión de Soler no es nueva, pero la descalificación puesta negro sobre blanco en una nota oficial, parece una escalada hacia ninguna parte, como no sea camino de una ruptura institucional. El nuevo dinero que la CDGAE repartió a través del FLA puede ser calificado de insuficiente, tardío, etc., pero no de «estafa». En su permanente presencia en los medios, los miembros del Consell deberían aclarar que sin estas ayudas, la arquitectura que entre todos nos hemos dado en forma de GV habría quebrado desde hace muchos meses.
El Consell en su deriva propia de quien tiene que trabajar administrando una quiebra está a las puertas del Espanya ens roba. No voy a entrar en lo justificado de esta situación, pero si en reclamar que no quiero vivir en una sociedad donde quien gobierna a una parte de ella, llame al resto presuntos estafadores en el posible camino de calificarlos de ladrones. Los antecedentes de esta deriva los tenemos cerca, sea dicho con el mayor respeto hacía el pensamiento de cada lector.
El president tiene la obligación democrática de explicar hasta donde esta dispuesto a llegar en su actual lucha institucional. Es posible que esté en lo correcto, pero para tener plena legitimidad, es importante que los valencianos nos pronunciemos en el sentido que sea. Hoy sabemos, gracias a Cataluña, que toma la forma de un referéndum.
Por mucho que siga la escalada de descalificaciones, la dura realidad es que repitiendo lo vivido hace un año, para enjugar el déficit de 2015 (y no en su totalidad) la GV va incrementar su deuda en los 1.327,2 millones que la CDGAE decidió el día de marras. Que el Consell vaya a dedicar 150 millones para pagar el 50% de la paga de 2012 de sus funcionarios (que si han recibido los del Estado, pero no los de todas las autonomías) es una decisión política del Consell que le permite negociar con los sindicatos del ramo, una noticia que coincide con el desentierro de Canal 9 o el alumbramiento del Banco de la GV. Todo acabará figurando en el déficit a finales de 2016, donde entonces volveremos a hablar de «líneas rojas» para la sanidad, la educación, etc., en el marco de un modelo de financiación que aún no se habrá discutido y que por tanto no existirá, aunque el Consell vuelva a ponerlo en sus presupuestos para 2017.
Tres notas positivas aunque lo sean coyunturalmente, la primera es la confirmación que en los tres primeros trimestres de 2016 la GV ha tenido, o tendrá, más de 1.800 millones en vencimientos de la deuda anterior, mucha de ella con el propio Estado, lo que significa que el proceso hacía tenerlo como único acreedor sigue su camino; la segunda es que en julio llegará el Fondo que se calcula sobre los resultados de 2014 que será un poco mejor que lo esperado y que el FLA derivado del nuevo déficit permitido del 0,3 al 0,7% de nuestro PIB, llegará inmediatamente después de las elecciones, tras pasar por las nuevas Cortes.
Algunas personas necesitamos meditar antes de llegar el Espanya ens roba.
