El pasado jueves, contra lo que indicaba la mayoría de las encuestas de la última semana (no así las anteriores), el Reino Unido votó mayoritariamente (51,9 % contra 48,1 %) por salir de la Unión Europea. Una situación complicadísima. Territorios como Escocia, que hace apenas un año votó por poco en contra de independizarse, entre otros factores, para seguir en la Unión Europea, apoyaron con claridad la permanencia, pero se verán obligados a marcharse. Casi todo el establishment británico y europeo está totalmente en contra del brexit. No descarten que el referéndum acabe repitiéndose, a ver si esta vez sí sale el resultado correcto.
Pero, en cualquier caso, y mientras tanto, el primer ministro británico, David Cameron, ha dimitido (la dimisión será efectiva en octubre). Se podrá decir, y probablemente sea cierto, que Cameron fue imprudente al recurrir a los referendos como vía para zanjar conflictos, en Escocia y ahora en el conjunto del Reino Unido. Sobre todo, porque el referéndum escocés (que en teoría iba a ganar sin problemas) le ha creado un problema político de primer orden, y el del brexit, directamente, lo ha perdido. No creo que para tomar decisiones tan drásticas baste con la mitad más uno de los votos en un plebiscito; pero, en todo caso, hay que reconocer a Cameron que pone en las manos de los ciudadanos optar por una vía u otra; y que, si sale la opción indeseada, asume rápidamente las consecuencias y dimite.
Consideremos ahora lo sucedido en España en los últimos días: han surgido diversas informaciones, difundidas por publico.es, que muestran con absoluta claridad que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, conspiró con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, para que afloraran escándalos (reales o hinchados) de dirigentes independentistas catalanes, que se filtrarían a la prensa con antelación a su llegada a los juzgados. No se trata de una teoría de la conspiración, sino de grabaciones en que esto queda plasmado sin sombra de duda. El ministro no ha dimitido. Tampoco le han destituido. Es más: desde su partido, el PP, se ha tenido la desfachatez de intentar matar al mensajero, hablando de la ilegalidad de las grabaciones.
Este comportamiento, y este enfoque de las relaciones con los adversarios políticos, son propios de países totalitarios. Y además son unas técnicas que, por otra parte, no son nuevas, pues ya desde hace años han aparecido informaciones periodísticas que apuntan a que el ministro habría montado un a modo de policía paralela para consumar sus objetivos ideológico-políticos. No hay línea roja capaz de soportar el espectáculo de un ministro (que es, además, el ministro del Interior, con la Policía a su servicio) orquestando conspiraciones y fabricando escándalos contra sus rivales políticos. No sólo debería haber sido destituido, sino que los hechos, muy probablemente, acabarán comportando consecuencias penales.
En el PP se han apresurado a indicar el «electoralismo» del momento: que estas revelaciones surgen ahora, en plena campaña, para dañar las expectativas del partido. Evidentemente; sin duda, así es. La cuestión es si el momento temporal tiene alguna relevancia, o si debería tenerse en cuenta a los efectos de adoptar decisiones, una vez constatada la gravedad de lo que revelan las grabaciones. Y parece que si en algún sitio han leído el asunto en clave electoralista, desde un primer momento, es en el PP, donde han decidido hacer lo habitual en estos casos. Es decir: aguantar el chaparrón hasta las elecciones, y luego ya se verá. Una especie de remake, en pequeño, de lo sucedido tras los atentados del 11M.
Entonces, la estrategia fue contraproducente. Ya veremos cómo les funciona ahora. En todo caso, está claro que Fernández Díaz es un cadáver político. En el supuesto de que el PP siguiera gobernando tras el 26J, es la primera cabeza que exigirá la oposición. Hasta que esto suceda, tendremos que aguantar el espectáculo de tener a semejante personaje al frente del dispositivo encargado de velar por el normal desarrollo de las elecciones generales.
