Definen al Banco de España como regulador de la actividad bancaria del país. Si lo fuera, tendría que responder de casos tan sangrantes como la venta de acciones llamadas preferentes o el cobro de la cláusula suelo en los préstamos hipotecarios. Los tribunales ratifican de continuo la ilegalidad de ambos hechos pero ven caso a caso las demandas de los damnificados/expoliados, gente por lo general modesta que se ve obligada a esperar años y años la devolución de sus ahorros o la depuración de sus hipotecas. Con la agravante, además, de que las instancias europeas descafeinan las resoluciones judiciales españolas, como está ocurriendo con la abusiva cláusula suelo.
Por consiguiente, ¿qué regula el regulador?, ¿por qué no se legisla preventivamente? En una democracia social, como es la española según la Constitución, el que regula debería prohibir los productos-basura que lanza al mercado la banca privada y cubrir diligentemente el daño de los abusos camuflados en la letra pequeña de los créditos. Nadie compra acciones ni pide préstamos en presencia de un jurista. La restitución a las victimas de lo irregularmente vendido o gestionado tendría que ser prioritaria. Sobran sentencias para justificar que el Banco de España responda del dinero captado por consentimiento de malas prácticas, y lo exija después con sanción e intereses a los bancos que sobrepasen la línea roja de lo que la Justicia considera ilegal.
Hechos de esta naturaleza, por no hablar del carísimo rescate bancario que pagamos todos, la salida a bolsa de Bankia, los sueldos y pensiones exorbitantes de directivos, las tarjetas black y otras hazañas del mismo jaez, mueven a pensar que el regulador no regula los daños a la gente común, ni previene aquello que la escandaliza. El neoliberalismo y la economía extractiva solo piden desregulación, o sea luz verde a la acumulación de bienes por una exigua minoría, con galopante empobrecimiento de la inmensa mayoría en el paro, los empleos-basura, la forzada emigración y la amenaza de las pensiones. En definitiva, mayor desigualdad y desvertebración social, economía sumergida, evasión fiscal , etcétera.
El laissez faire siempre acaba mal cuando los gobiernos y/o los reguladores no hacen sus deberes.
