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¿Son unos presupuestos falaces la única salida?

Desconozco lo que Mariano Rajoy pueda proponer mañana en el Congreso para afronta el problema de la financiación de las comunidades autónomas (CC AA), uno de los temas de la triada de problemas importantes y urgentes de los españoles, junto con las pensiones y la educación. Creo tener una cierta idea acerca de lo que piensan los negociadores sobre la situación de algunas CC AA y ello me lleva a pensar que, salvo un golpe que ponga patas arriba el actual Estado de las autonomías, no afrontar el problema seguirá degradando la convivencia entre españoles.

El tema que nos ocupa dista mucho de ser específicamente valenciano. Antes de las primeras elecciones, la Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana (GV) se coordinaron a la espera de un gobierno del PSOE. No se dieron los cambios electorales previstos pero los mensajes provenientes de ambos gobiernos son calcados: «el FLA es una especie de chantaje a las autonomías»; «el Gobierno central atenta contra la arquitectura constitucional al emplear el FLA como instrumento político para la recentralización de competencias hacia el Estado». Pese a ello, ninguno de los dos gobiernos ha hecho propuesta alguna y ambos van a plantear sus próximos presupuestos para 2017 sin sistemas alternativos al FLA, ya que no tienen vías de acceso al mercado para conseguir financiación. «Todavía no hay claridad en los mercados financieros y la recuperación económica no ha despejado esa duda que permita que la salida de las CC AA a los mercados se haga en unas condiciones adecuadas de pago e intereses»; «cada vez que hay un instrumento de auxilio a las comunidades, se utiliza de forma torticera para restarnos competencias aunque sea de forma voluntaria»; etcétera. La música es la misma y las letras muy parecidas. Ni en Valencia ni en Sevilla se quiere plantear el problema de fondo: ¿es sostenible en las circunstancias actuales la organización del Estado en comunidades autónomas tal como ahora las conocemos?

Hace ahora cuatro años, cuando las facturas en los cajones de la Conselleria de Sanidad empezaban a romper el sueño de una Generalitat viable, Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda de Alberto Fabra y hoy delegado del Gobierno, empezó a hacer planteamientos virtuales para los Presupuestos de 2014 de la GV. A tenor de los resultados que entonces daba el nuevo modelo de financiación, algunos propusimos, sin resultado efectivo, que se estudiara la posibilidad de devolver algunas competencias al Estado. No se trataba de diluir la GV, sólo de hacerla viable. Un año más, tarde cuando se preparaban los Presupuestos para 2015, Moragues tuvo la peregrina idea de cuadrarlos incluyendo como ingreso un anticipo de 1.000 millones a cargo del Fondo de Compensación que todos sabíamos debía formar parte de los ingresos de la GV de 2017. Entonces, Mónica Oltra fue coherente y los recurrió judicialmente. Se supo que ello no es posible, pues Les Corts son soberanas y nada pueden decir los jueces sobre proyectos presupuestarios. Menos mal que Cristóbal Montoro no concedió el adelanto concebido por Fabra/Moragues, ya que si lo hubiera hecho, la muy tensa situación entre GV y Gobierno central de hoy sería poco menos que una guerra civil. Como los presupuestos de 2015 del Consell de Fabra fueron falaces, el equipo de Ximo Puig tuvo que abordar un cierre anual con resultados muy desfavorables.

El nuevo Consell, antes que plantearse la devolución de alguna competencia, compró la idea del PP de aprobar presupuestos con ingresos virtuales (¿existen conservadores y progresistas?) En el límite de lo incoherente, olvidando las protestas y argumentos del recurso del grupo de Oltra de hacía un año, lo aplicaron impunemente a los de 2016. La GV trabaja en lo queda de año bajo el supuesto de un ingreso inexistente a cuenta de un nuevo modelo de financiación del que nada se sabe, ni siquiera en esta víspera de sesión de investidura. De hecho, el Consell se vio obligado hace dos meses a eliminar esta partida virtual del Programa Económico y Financiero que tuvo que presentar al Ministerio de Hacienda. Un documento con el que supuestamente se comprometía a ajustar sus cuentas para cumplir con el déficit de este año. Una posibilidad tan irreal como lo son los ingresos que se presupuestaron. El ministerio puso contra las cuerdas a la conselleria y le obligó a retirar el mencionado ingreso del plan de ajuste (que se mantuvo en el texto como reivindicación política) bajo amenaza de bloquear los fondos de rescate.

La ingeniería financiera no va a terminar. El martes pasado el propio president comunicó que si el Gobierno, actualmente en funciones, no corrige la situación financiera de la GV, el camino será el mismo que el transitado en 2016, es decir, presupuestar como ingresos 1.300 millones de euros que el Consell entiende le corresponde como mínimo para corregir su recurrente la infrafinanciación. No parece importarle que se carezca del compromiso del Ministerio de Hacienda, el único que presta a la GV. Las segundas cuentas del actual Consell, sólo se van a cuadrar sobre el papel. Si el dinero no llega, tal como va ocurrir en 2016, la GV va a incumplir el objetivo de déficit y el problema acabará con la posible intervención indirecta de Bruselas. Este panorama se completa con un PP sólo interesado en hacer daño al Consell y con Podemos y Ciudadanos ejerciendo su pasotismo e ignorancia sobre el tema.

Consciente de la incorrección política que arrastra decirlo, pienso que ante lo que ha venido sucediendo en Valencia en la última década, no hay ninguna garantía de que nuestros servicios básicos como valencianos estén mejor garantizados por unos Presupuestos tan reivindicativos como falaces, que por la renegociación razonable de las actuales transferencias con el Estado. Entiendo que la decisión puede ser muy difícil para el president Puig, sin embargo no es bueno que deje de considerarla (en una especie de radicalidad propia del «no es no») y que en todo caso explique su razonamiento a los valencianos.

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