Rita Maestre, concejala de Podemos en Madrid y portavoz del equipo de gobierno local de Manuela Carmena, se sienta a la mesa camilla del estudio de Antena 3. Susanna Grisso y su equipo la han diseñado especialmente pequeña para que entrevistado y entrevistadora estén muy juntos y eso permita hablar bajito y favorecer confidencias matutinas. Maestre es una muestra más de la agenda madrileña que los medios de comunicación de ámbito estatal cuelan a toda España por la simple proximidad física con los protagonistas. Ni Sandra Gómez ni Ali Brancal, vicealcaldesas de Valencia y Castelló, conocerán nunca la mesa camilla de Susanna Griso o el sofá de Ana Rosa Quintana en Tele5, a no ser que protagonicen algún día un asalto laico a una capilla universitaria con las tetas al aire, como dicen que hizo la concejala madrileña, y se conviertan por ello en estrellas mediáticas. Mientras tanto, millones de espectadores, oyentes y lectores continuarán consumiendo piezas de personas que no conocen y siendo informados con todo detalle de accidentes sin víctimas en la M-30.
Lo comentaba esta semana en Madrid la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, durante su conferencia en el Forum Nueva Economía en el hotel Ritz. La capital del Estado dista de Valencia exactamente los mismos kilómetros que esta de aquella, pero al borde del Mediterráneo todo el mundo está al corriente de las andanzas de Francisco Granados o del pisito marbellí de Ignacio González (e incluso de quién es Rita Maestre, sentada en la mesa presidencial del desayuno de Oltra) y en cambio en Madrid no saben nada de nada de lo valenciano y le ponen hasta chorizo a la paella.
La Comunitat Valenciana tiene un problema de invisibilidad, provocado en parte por acciones y en parte por omisiones. Es sábado por la mañana y el reelegido presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asiste con naturalidad a la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia tras conseguir su tercera mayoría absoluta al frente del Partido Popular de dicha comunidad. Ximo Puig, máximo representante del Estado en la Comunitat Valenciana, lleva la cuenta de las veces que ha viajado Mariano Rajoy a la región y asegura que sólo lo hace para actos de partido y que ni una sola vez ha contado con él para acompañarle, lo que constituye, según el jefe del Consell y también según los usos institucionales establecidos, una rareza, una anomalía democrática.
En los 14 días que el inquilino de la Moncloa lleva en el cargo tras su reeleción ha tomado, que se sepa, sólo dos decisiones relacionadas con la Comunitat Valenciana: de un lado ha ignorado a todos los nacidos y vecinos del territorio a la hora de nombrar el primer y el segundo escalón de su nuevo Ejecutivo (ministros y secretarios de Estado) y de otro ha dado el visto bueno a la incautación, por parte de Cristóbal Montoro, de 19 millones de euros de multa de la Unión Europea a España por la variación contable que supuso la ocultación de facturas de Sanidad autonómica en los cajones durante la etapa de gobierno del popular Alberto Fabra.
En lugar de impulsar una nueva financiación territorial que tenga en cuenta criterios actuales y acabe con la discriminación valenciana, el nuevo Gobierno de España empieza mandato detrayendo fondos de los que envía periódicamente. No parece un buen comienzo. Además, el propio Montoro ha marcado un camino para quienes sean acreedores de fondos públicos, ya sea en ayudas o subvenciones. Incluso la Feria de Valencia tiene ahora un modelo que aplicar para cobrar los 580.000 euros que el PP le debe por el uso del recinto en el congreso que nombró presidente a Rajoy en 2008.
Ni Juan Carlos Moragues, ni María José Catalá, ni José Císcar, ni otros nombres que han sido sugeridos desde la Comunitat Valenciana y desde Madrid a las altas instancias monclovitas como posibles peones en el Ejecutivo central han resultado merecedores de atención. Ni Esteban González Pons ha sido llamado a abandonar su paraíso de Bruselas para ocupar una pequeña cuota valenciana en los gestores del Estado. Es como si los conservadores valencianos que quedan en pie tras el tsunami de la corrupción no estuvieran capacitados para desempeñar las elevadas funciones que se ventilan en Madrid o mantuvieran la condición de apestados para sus propios mandos mientras sus electores parecen haberles perdonado, a tenor de lo que dicen las encuestas.
A falta de peso político en Madrid, han sido los empresarios quienes han tomado el relevo y han alzado la voz de la sociedad civil para reivindicar la terminación del corredor ferroviario mediterráneo con doble plataforma de vía y ancho europeo en 2025. Vicente Boluda y Juan Roig han recogido el testigo de Federico Félix y Francisco Pons y han cantado las cuarenta al nuevo Ejecutivo poniendo en evidencia con un vuelo de helicóptero que las obras están paradas por mucho que Fomento diga otra cosa.
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) está decidida a dejarse la piel en la exigencia del corredor y ha elegido La Encina como lugar anual de peregrinaje para evaluar la marcha de las obras. Una lástima. Debían haber fijado el vestíbulo de la estación de Atocha para ese acto periódico, a la sombra de los 800 millones de pesetas en vegetación que Fomento plantó en el lugar. Mientras, en Valencia, habrá que seguir durante décadas quedándose en mangas de camisa en pleno invierno en la estación Joaquín Sorolla para pasar el control de seguridad. Normas de Adif. O de Renfe. Da igual. En Madrid esa medida ni se plantearía. Ni en Barcelona. Hasta en Requena se pasa la cinta de equipaje a cubierto. Claro que la estación la impulsó uno de los suyos, Emilio Lamo, que sí tenía peso en la capital.
