Dos sujetos sociales, políticos, que requieren nuevos enfoques a raíz de la evolución de nuestra propia sociedad, de sus aspiraciones y objetivos. En el primer caso, la ciudadanía, se trata de su recuperación como eje central de la política. Aunque parezca paradójico, la ciudadanía está resultando un sujeto político secundario para dirigentes de organizaciones partidarias y sus responsables cuando adquieren el rango de gobernantes. Un sujeto que se quiere dócil y resignado al que hay que acudir de manera desganada cada período electoral durante el cual se sucederán halagos, amenazas y vaciedades escandalosas. Me refiero a España y al conjunto de las democracias asentadas.
La ciudadanía es algo más que una masa electoral. Las elecciones, por supuesto democráticas pueden desembocar en el secuestro de la ciudadanía a través del permanente recorte de sus derechos. Por ejemplo con la diabólica estratagema de seguridad/libertad, que no es la única. Así trabajo, aunque se convierta uno en trabajador pobre. Escándalos o corrupción, «fricciones en los ajustes del sistema» que el tiempo resuelve.
El territorio, concebido como un sujeto inerte, un dato, un obstáculo, según los casos. Un bien libre, como gustaba definir a algunos economistas, o un marco de referencia para el asentamiento de población y actividad económica en el mejor de los supuestos. Esto es un elemento vinculado a los deseos o incluso ocurrencias de los propietarios o de los gestores políticos de turno. El territorio además como elemento juzgado inagotable, maleable, disponible para cualquier objetivo económico, social, político, aun los más extravagantes.
La exigencia moral de la recuperación del protagonismo de la ciudadanía resulta de suma importancia si se aspira a una sociedad capaz de gestionar sus conflictos y los que le sobrevienen como los flujos migratorios y de refugiados. De la misma manera que resulta fundamental para un objetivo compartido de cohesión y solidaridad sociales.
Los desajustes provocados por las amenazas, desde el terrorismo a la precariedad han supuesto un retroceso de las libertades y de los derechos de la ciudadanía provocando un doble resultado igualmente contradictorio con el despliegue de la democracia: la resignación ciudadana y el descrédito y alejamiento de la política. Con frecuencia se juzgan estos resultados como falta de calidad democrática de nuestro sistema político.
Resignación y temor que olvida la certera sentencia de F. D. Roosevelt, la de que sólo hay que tener miedo al miedo mismo. Y la no menos extendida de que si no haces política, te la harán. En ambos casos la realidad corriente viene a confirmar la exactitud de las expresiones.
Resignación, ninguna. La participación ciudadana en la cosa pública constituye el fundamento mismo de la política como gestora de los temores, las inseguridades, las amenazas, y la propuesta de objetivos y soluciones a las aspiraciones colectivas.
La evolución de las sensibilidades sociales ha recolocado el territorio y el medio ambiente en el centro de las preocupaciones colectivas. El territorio como bien público, por supuesto, recurso para la totalidad de la ciudadanía y no elemento sometido a la codicia devastadora. Recurso agotable, extremadamente vulnerable, sensible. Heredado con vocación de ser entregado a las nuevas generaciones incluso mejorado y preservado.
De modo paradójico, o no tanto, se ha producido a la vez el fenómeno de destrucción y apropiación privada del territorio junto a la creciente exigencia ciudadana para su preservación y uso razonable.
Innecesario aclarar que en gran parte el triunfo se sitúa del lado de la avaricia, el despojo, la devastación. No obstante, una creciente presión social permite entrever, tras el desastre, la oportunidad de recuperar el protagonismo del territorio y sus funciones para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Con dificultades ciertas, y no pocas amenazas el concepto de preservación, uso sostenible del territorio ha penetrado en la legislación. Sin embargo dista de ser aceptada por algunos de los actores sociales que entienden que un parque natural no es más que una declaración más o menos bien intencionada que en nada limita el uso indiscriminado de su espacio, que las trabas legales interpuestas en el saqueo son obstáculos para lo que entienden beneficios sociales, que enmascaran el continuar con la devastación invocando el empleo, los ingresos económicos que se desprenden del abuso sobre el territorio.
La necesidad de una pedagogía ciudadana, tanto para la recuperación del papel social de la ciudadanía como para la preservación y el uso del territorio, resultan imprescindibles si se aspira a una sociedad más cohesionada, consciente, e implicada en objetivos de largo alcance en beneficio de los presentes y de quienes van a sucedernos.
Llegados a este punto cabría expresar el valor gramsciano del optimismo de la razón y el pesimismo de la realidad. Uno se sitúa en el primero de los términos no solo por convicción sino porque la ciudadanía recuperada en su protagonismo puede acompañar e impulsar las acciones de los actores políticos y sociales en la dirección que ella misma puede determinar.
De hecho las sacudidas sobre los agentes amodorrados que suponen nuevas formas de acción social, e incluso las nuevas formaciones políticas europeas pueden contribuir a despertar tanto la conciencia de ciudadanía como empujar a aquellos a dar respuesta. A la ciudadanía y al territorio, amenazados ambos por los efectos del cambio climático que se antoja imparable y ante la negación de los actores del consumo de combustibles fósiles que como Exxon y sus conexiones resultan ser, paradójicamente acaso los más profundos conocedores de los efectos sobre nuestro futuro y lo tienen, como hicieran Philip Morris con el tabaco y sus nefastos efectos, para introducir la duda, retrasar las medidas y engordar sus beneficios.
La convicción de que es posible un cambio, anima a espolear a los agentes sociales y políticos, a las instituciones, en el sentido de recuperar el papel fundamental de la ciudadanía y del territorio.
Se trata de devoluciones. La devolución de la ciudadanía y de la apropiación por parte de ésta de los bienes y espacios públicos para su preservación y uso colectivo. Objetivos democráticos ambiciosos para este año y siguientes.
