Ha llegado la hora de que el Congreso investigue el descalabro de las antiguas cajas de ahorro. Las imputaciones de los responsables de los organismos de supervisión, Banco de España (BdE) y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suponen un paso más, y muy significativo, en la investigación de lo ocurrido con la salilda a bolsa de Bankia en particular, y la responsabilidad de dos instituciones que juegan un papel esencial en la economía española.
El PSOE, Unidos-Podemos, ERC y Compromís ya han solicitado en la Cámara baja la constitución de una comisión de investigación. También Ciudadanos ha pedido la comparecencia del actual titular del BdE, Luis María Linde, para dar explicaciones tras las dimisiones de los tres altos cargos imputados que aún continuaban en activo en el banco; algo que, por cierto, no ha sucedido en la CNMV, que ha decidido cerrar filas.
Ya no hay vuelta de hoja. La excusa de la diputada socialista y juez en excedencia Margarita Robles, de que deben ser los tribunales los que determinen la responsabilidad de Fernández Ordóñez no sirve. Porque más allá del aspecto penal, competencia, lógicamente, de los jueces, se encuentra el político. Y los nombramientos de los responsables de los órganos supervisores son políticos.
Tan políticos como las designaciones de los presidentes de las cajas, designados a dedo por las autonomías „José Luis Olivas o Narcis Serra„. O tan políticos como las asambleas, cuyos consejeros dependían de los acuerdos alcanzados por los partidos en los parlamentos. Y si los porcentajes de representatividad no eran los adecuados, se modificaba la ley „Eduardo Zaplana en 1997„para adaptarlos. ¿Quien no recuerda las disputas entre Gallardón y Aguirre por el reparto de los consejeros de Caja Madrid? ¿O los acuerdos políticos en las Corts para la designación de los representantes de la asamblea de Bancaja o deCAM?
O tan políticos como la gestión de esas mismas cajas. Sus presidentes, en la mayoría de las ocasiones no dudaban en seguir las consignas recibidas desde los gobiernos que los habían nombrado, priorizando las inversiones que le marcaban como estratégicas de cara a su electorado, y que iban desde financiar parques temáticos a grandes eventos, pasando por edificios emblemáticos y megalómanos que jamás hubieran contado con el respaldo financiero de entidades privadas.
O tan políticos como la concesión de créditos o refinanciación a constructoras «amables» (entonces estábamos en pleno «boom» del ladrillo») que desarrollaran esa política hiperconstructiva que nos ha llevado a la ruina o que echaban una mano a los partidos. O tan política como poner a competir las cajas „creadas con una finalidad social que les permitió administrar la mitad de los depósitos de España„ con la gran banca privada con el simple objetivo de conseguir unos resultados que avalaran esa gestión ante la opinión pública.
O tan político como forzar la salida a bolsa de una entidad „Bankia„ que presentaba unos beneficios de 309 millones que meses después se convirtieron en pérdidas de 3.000 millones. Y que junto a la bola de nieve creada por otras cajas nos llevara a un rescate financiero que ha condicionado nuestras vidas. Todo eso es política.
