Mientras jueces, abogados y condenados deciden si ingresan en prisión, y en qué prisión, los cinco valencianos absueltos en el caso Nóos celebran su suerte tras cinco años de viajes y estancias en Palma de Mallorca que han dañado sus vidas y sus haciendas. El secretario autonómico Luis Lobón se vio en la calle en aplicación de las líneas rojas del Consell y el PP de Alberto Fabra, lo mismo que los directores generales de Ciudad de las Ciencias y las Artes Jorge Vela y José Manuel Aguilar, quien tuvo que dejar tras su imputación el empleo que tenía como directivo en Secopsa. La responsable jurídica de Cacsa, Elisa Maldonado, perdió a las primeras de cambio su trabajo de gerente en el Museo Picasso de Málaga. Menos gravoso ha resultado el proceso para Alfonso Grau, el vicealcalde de València con Rita Barberá, desde una posición económica más acomodada y más acostumbrado que sus cuatro compañeros de banquillo a los tránsitos por los juzgados, donde tiene aún dos causas pendientes por unos relojes que alguien le regaló (siempre hay relojes en los sumarios) y por su condición de responsable de campañas electorales entre 2007 y 2015 supuestamente financiadas con fondos ilegales procedentes de la trama Taula.
Despejado el horizonte de las responsabilidades penales, queda pendiente el importante asunto de las satisfacciones económicas. La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, directamente o a través de sus sociedades públicas Ciudad de las Artes y las Ciencias o Turismo Valencia Convention Bureau, pagaron al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín y Diego Torres más de tres millones de euros para financiar la celebración de las reuniones Valencia Summit y promover unos Juegos Europeos que nunca se celebraron.
Como ha asegurado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con ese dinero se construye un centro de salud. La sociedad valenciana no superará el caso Nóos hasta que no recupere el último euro de lo que sus instituciones entregaron de buena fe a unos estafadores. Por desgracia, los fondos que importantes empresas aportaron también a los proyectos del entonces Duque de Palma y su maestro Torres no volverán. Unos 17 millones de euros obtuvo el Instituto Nóos entre 2004 y 2006, de los que poco más de seis fueron de procedencia pública. Y en la sentencia de la Audiencia de Palma sólo se prevé el pago de dos tercios de esa cantidad por parte de los condenados, aunque una fracción importante va a Hacienda por el delito fiscal.
Así las cosas, no hay garantía de recuperar el dinero entregado a quien se presentó en València como responsable de una entidad sin ánimo de lucro para organizar una serie de encuentros de expertos sobre el potencial del deporte como atractivo turístico de una ciudad que se preparaba albergar la Copa del América de vela y una prueba del calendario de Fórmula 1. Las citas se realizaron, porque es competencia de los responsables políticos elegidos en las urnas decidir en qué se gasta el dinero público, y no compete a los jueces, ni siquiera al instructor Castro, establecer si los Valencia Summit eran oportunos o no.
Sin embargo, Urdangarín y Torres engañaron a los patrocinadores públicos y privados de los eventos: hincharon facturas, cobraron por servicios no realizados, presentaron en Mallorca cuentas que ya habían sido saldadas en València... y todo ello pasó sin ser observado ni esperado del yerno del entonces rey de España, una condición que no hace falta hacer expresa para que se le abran a uno las puertas de las instituciones y las empresas. Y cuando ya tenían 17 millones en las cuentas de Nóos, vaciaron el instituto facturando contra él desde un entramado de empresas, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales, y usaron el dinero para comprar o reformar palacios, pagar niñeras y procurarse una vida aún más regalada de la que ya disfrutaban.
«Me engañaron, nos engañaron a todos», decía Rita Barberá cada vez que salía a colación su posible responsabilidad en el fraude. Se defendía diciendo que ella no firmó nunca nada, y aquella actitud que soliviantaba a quienes entendían que se sacudía culpas que eran en parte suyas ha acabado por exculpar a los cinco acusados de Valencia. El juez Castro nunca quiso imputar a la excalcaldesa ni al expresidente Francisco Camps, responsables máximos de Turismo Convention Bureau y Cacsa, respectivamente. Y aunque seguro que lo hizo por fundadas razones jurídicas nunca se sacudirá el sambenito de que huyó de ellos para no perder el control de la instrucción del caso, que habría pasado al Tribunal Superior de Justicia por su condición de aforados. En Mallorca, en cambio, con el expresidente Jaume Matas encausado y declarando que él dió instrucciones de entregar fondos a Nóos aunque no estuvieran justificados, tanto el mandatario popular como sus subordinados han sido condenados por los mismos cargos en que los valencianos han sido absueltos.
Habrá quien se sienta recompensado con ver a un exduque en prisión o por haber visto a una infanta en el banquillo, dos escenas de enorme poder simbólico, pero la primera obligación que la sociedad debe imponer al corrupto condenado es devolver el dinero, y Generalitat y Ayuntamiento de València han de hacer todo lo posible por recuperar esos tres millones de euros y construir con ellos un centro de salud que deje bien claro que los fondos públicos no son para que unos pocos se enriquezcan. No hay vencedores ni vencidos. Tras unas condenas por corrupción todos pierden, porque toman conciencia de lo que se hizo y debió ser evitado, tanto en la acción como en la omisión del deber de control. Al menos, que queden la lección aprendida y el dinero recuperado.
