Entre las muchas sorpresas que depara la operación Lezo, llevada a cabo por el juez Eloy Velasco, con tantas ramificaciones en Madrid y en especial dentro del PP de esa comunidad, no es la menor que el pasado lunes apuntara y señalara a Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana, amén de exministro de José María Aznar. Estaba durante los últimos años muy lejos del radar mientras iban saltando uno tras otro los casos en la capital del reino y también en València. Y sus contadas apariciones institucionales eran formales y puntuales. Se había fundido con el paisaje y no parecía inmiscuirse, desde su ruptura con Francisco Camps, o con la llegada de Alberto Fabra, en los asuntos locales o de su partido aquí. Se le suponía dedicado a sus asuntos.
La orden del juez de la Audiencia Nacional para investigar sobre sus negocios y patrimonio suena como un bombazo en un cielo tranquilo, aunque sea en una masa orquestal que sigue la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.
La providencia para su traslado a la prisión, entre otros términos, hace luz sobre conversaciones entre ambos políticos, con vistas a triangular algún negocio pasando por Paraguay y crear una empresa. Inmediatamente que se oyeron comentarios en los medios de información, Zapalana negó tener «relaciones comerciales» con el detenido. Y mucho menos colaborar en negocios presuntamente delictivos. Es un verdadero bucle para la retirada vida del exmandatario. Arrestos e interrogatorios de otros personajes relacionados con el Canal de Isabel II y las maniobras que sirvieron presuntamente para desviar dineros públicos, complica y amplía enormemente el alcance de la operación Lezo (por Blas de Lezo, el militar que defendió Cartagena de Indias del ataque de los piratas británicos). Amplía su radio y alcanza tanto a políticos, funcionarios y empresarios que han estado inmersos en estas aguas turbias durante años.
Hasta dónde llegará el caso que nos ocupa, y si Zaplana será llamado a declarar, o si encontrarán algo más que estos indicios de las charlas telefónicas (sobre una patente para depurar aguas, todo sea dicho) es todavía prematuro valorarlo.
De otra parte, y no la menos importante, la rama hispanoamericana de los negocios del Canal de Isabel II, a través de una empresa adquirida en Brasil y otros intermediarios en Paraguay, y de la que compraron en Colombia, hizo negocios con Haití (¿les suena?) tras el terremoto y con Venezuela, y ahí, en el auto del juez Velasco, aparece en dos ocasiones la empresa valenciana Cleop, con una UTE para hacer obras y conseguir contratos y les señala por pagar comisiones por las adjudicaciones. Veremos en qué acaba esta aventura de los emprendedores con tantas alianzas y socios de relumbrón ahora en el hit parade de la corrupción.
Justo estos días se encuentra Mariano Rajoy firmando acuerdos con el Gobierno de Brasil y dando lecciones de cómo encaminar al economía en tiempos de crisis, lo que no deja de ser una paradoja y al mismo tiempo una temeridad. Esperemos que las empresas del Ibex 35 no acaben en algún lío por nuevas aventuras, buscando la rentabilidad del sector externo que tira mucho de los beneficios. Con riesgos, eso sí.
