En un país donde no se respeta ni la muerte -mucho menos la justicia- los casos de Blesa y de Villar nos remiten a la omnipresencia de la justicia en la configuración del relato, digno de Coppola. Sobre el presidente del «júrgol» presumimos que él y su hijo son sólo los dos primeros de una nueva recua de reos. Y en cuanto al exresponsable de Caja Madrid -como en el caso de Rita Barberá- correrán ríos de hiel sobre la «responsabilidad» del contexto y la presión social en su óbito.
Operación Roca. En cualquier caso la justicia y su independencia -o la muerte de Robespierre como en Polonia donde han dado la puntilla a la división de poderes- ocupa la portada permanentemente. Sobre la politización de la justicia, los circos mediáticos y la presunción de inocencia vino a hablar esta semana a València Miquel Roca Junyent, padre de la Constitución o defensor de la infanta, según sea quien observe. Nota al margen: allá por los 80, aquejado de una precoz consciencia política, aposté por su «Operación Reformista».
Espejismo. Algunos presumíamos que aquel Partido Reformista Democrático y sus aliados locales podían configurar una apuesta razonable por un centro reformador, sin el pelo de la dehesa y con la perspectiva liberal-burguesa catalana como modelo. La música sonaba bien. Parecía una forma de sortear la brecha con nuestros vecinos del norte y hacerlo sin complejos, sin cavernas, sin victimismos ni paternalismos, sin colonialismos ni otros ismos. El guiso se condimentó con la mano amiga de figuras de la época como mi añorado Paco Domingo y su fracasada Coalición Valenciana -la original- y no obstante se truncó. Cabíamos en un taxi.
Noos. Roca en definitiva, aspiraba antaño a «catalanizar» España pero el experimento se fue al traste porque aquella València no estaba preparada para semejantes envites. Ni siquiera hoy. Roca abandonó durante unas horas su despacho madrileño de José Abascal, espacio frecuentado por no pocos empresarios y políticos valencianos, y otros miembros del Gotha doméstico, para sentar cátedra sobre cuestiones de permanente vigencia.
Universidad. El exconvergente pasó por la universidad de verano de la UCV, think tank donde nuestro centroderecha se rearma argumentalmente como en una clínica y contó una anécdota. Recientemente en las redes sociales del Principado se difundió que el conferenciante había obligado a cerrar una planta del Hospital barcelonés de Sant Pau para hacerse un by pass. Corrió como la pólvora el falso rumor rápidamente y a la buena de su mujer llegaron a desearle una pronta recuperación del cónyuge por la calle. Roca pone énfasis -sabe de qué habla por el caso Noos- en la incompatibilidad manifiesta entre la administración de justicia y la revolución tecnológica en el ámbito de los medios -en general- y los juicios paralelos.
Investigados. El abogado condenó la instrumentalización de la justicia y la condena previa ante buena parte de la nomenklatura popular, ante Isabel Bonig, Susana Camarero o Eusebio Monzó, que recordó en una pregunta que el PP tiene 49 investigados enterrados en vida. La izquierda valenciana llegó al poder denunciando la patrimonialización de los poderes públicos y ha acabado cayendo en el mismo vicio. Mónica Oltra no está en su mejor momento y atacar a los jueces, como ha hecho a cuenta de la suspensión cautelar de la política que fomenta el plurilingüismo, es un llamativo error estratégico en alguien como ella -y letrada- que mide muy bien sus silencios y sus alardes. Sorprende más todavía en alguien que -al menos desde que gobierna- se había conducido con moderación.
El TSJ. La vicepresidenta ha puesto en duda la imparcialidad de los jueces y esto es como Twin Peaks, que ya lo hemos visto antes. Por ello y con razón se ha ganado el mandoble de jueces, abogados y juristas sin excepción. Hay suficientes precedentes para asegurar que la división de poderes es algo que todo político defiende cuando debate en general pero que le sabe a cuerno quemado cuando le afecta u obstaculiza sus políticas. En este caso, el problema no es tanto la defensa de los criterios contra lo que la vicepresidenta considera privilegios educativos y la educación concertada -que es una opción legítimamente defendible - sino que pleitea dialécticamente con el TSJ, como si los jueces fueran del PP, actitud que cambiará seguramente en el próximo «entrullamiento» de un dirigente popular. Entonces el TSJ será guay.
Independencia. Conducirse contra los poderes institucionales e intentar maniatar a la justicia coartando su independencia lo hace Maduro y es indigno de una sociedad democrática. Cuando estaba en la oposición Oltra practicó la denuncia de brocha gorda -muchas demandas archivadas- que condenaron a muchos inocentes al descrédito reputacional y la marginación laboral, porque ya se sabe que en España una denuncia equivale a una condena y que un convicto tiene más derechos que un investigado.
