Ni frotándome los ojos, por aquello de la conjuntivitis, puedo creerme lo que está sucediendo en la Ciudad de la Justicia de València, ese complejo ejemplar y moderno de los derechos y las virtudes.
El galimatías tras el incendio en el macrocomplejo judicial se parece cada vez más al sainete del brote de legionela de la urbanización Calicanto de Chiva. Aunque en este caso cambian, lógicamente, los actores. En lugar del alcalde Emilio Morales, nos topamos con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Pilar de la Oliva; y en el de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, está la titular de Justicia, Gabriela Bravo.
El guión de la confusión es prácticamente el mismo. La consellera Bravo asegura el martes por activa y por pasiva que ya se puede trabajar en la Ciudad de la Justicia, según reconocen sendos informes del Ivassat (Instituto valenciano de seguridad y salud en el trabajo), de la conselleria y de una empresa externa.
Pues bién, doce horas después el TSJ de Pilar de Oliva decide que el edificio no reúne condiciones y declara inhábiles jueves. viernes, sábado, domingo y lunes en todos los órganos judiciales. Es más, insta a la conselleria a que «garantice la seguridad de funcionarios y usuarios del edificio». Una decisión que adopta después de que una veintena de funcionarios presentaran problemas de conjuntivitis y respiratorios. Mientras, los trabajadores de la contrata de limpieza continuan sus tareas con unas simples mascarillas. Por no hablar de los agentes de la Guardia Civil y los de la contrata de seguridad; esos sí que deben estar hechos de otra pasta, porque no utilizaban ni mascarilla.
La contestación de la consellera Bravo en los pasillos de las Corts estuvo a la altura de la dureza del comunicado del TSJ. «No ha estallado una bomba nuclear, no hay residuos radiactivos», dijo refiriéndose a la Ciudad de la Justicia. Posteriormente, la conselleria, apoyada en nuevos informes, decide abrir el edificio.
Y mientras tanto, como en Chiva, los afectados -aquí sin brote- son los ciudadanos, que sufrirán las consecuencias de la anulación de centenares de juicios que ya llegaban con retraso.
Por no hablar de los planes de evacuación desactualizados, los sistemas de detección que no funcionaron,..
Que Temis nos coja confesados. O por lo menos con mascarilla.
