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España infractora

España es el país de la UE que más multas ha pagado por sanciones derivadas de incumplimientos de la normativa de la UE. Suena a que este país, donde en estos días se invoca tanto el Estado de derecho mirando hacia Cataluña, tiene por hábito pasarse por el Arco del Triunfo una legislación a la que está sujeta la Administración y el conjunto de la sociedad, generadora de derechos y obligaciones para instituciones y ciudadanos y que es de inexcusable cumplimiento incluso cuando el estado de que se trate zanganea en la trasposición de las directivas, sea por presiones de grupos de interés o por desdén político.

Extraer a partir de la clasificación de las multas pagadas (casi 54 millones de euros desde 2012) que España es el campeón de la transgresión del ordenamiento jurídico comunitario es demasiado decir. En realidad, esa cantidad corresponde a las sanciones por tres únicos expedientes: las ayudas públicas concedidas a Magefesa, el pleito de las "vacaciones fiscales vascas" (incentivos ilegales del Gobierno vasco para captar empresas en los años 90) y el más reciente caso de la estiba.

Quizás son más sugerentes estos otros datos: España es el quinto país en número de requerimientos de información (cerca de un millar) realizados por la Comisión Europa ante denuncias de ciudadanos, empresas u ONG por presuntas infracciones de la normativa; las cuatro primeras posiciones de este ranking las ocupan, por este orden, Italia, Grecia, Portugal y Francia. La Europa del Sur en fila india. Así que, una de dos: o los europeos de estos países tienen una propensión singular hacia la denuncia y el litigio, o la propensión es a que se incumplan más que en el Norte las directivas y reglamentos de la UE.

Lo sustancial es que el asunto afecta a temas muy sensibles y más cercanos a los ciudadanos de lo que a menudo se cree. Uno de cada tres requerimientos recibidos por España se refiere a temas ambientales (calidad del aire, vertidos, impactos de industrias...), de salud o de consumo. Un ejemplo: el Tribunal Europeo de Justicia le ha sacado los colores a España por su legislación en materias como la protección de los hogares con hipotecas, condenando la regulación nacional sobre desahucios o las cláusulas suelo de los préstamos. Indicios de que la maquinaria legislativa y coercitiva de la UE, de apariencia pesada y burocrática en extremo, llega a ser más diligente que los Estados en la defensa de los intereses de los individuos. Baste como muestra que la directiva que protege a los consumidores de las cláusulas abusivas estaba ahí desde 1993, pero la legislación hipotecaria española no se revisó hasta que intervinieron los togados de Luxemburgo.

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