La negativa del patronato de la Fundación Instituto Valenciano de Onvología (IVO) a firmar el contrato con la Conselleria de Sanidad para hacerse cargo de la atención integral de 30.000 pacientes de cáncer al año a cambio de 54 millones de euros en el último día que tenía para hacerlo, el pasado viernes, ha provocado un desconcierto general en los ámbitos políticos, sociales y sanitarios de la Comunitat Valenciana.
El pasado 31 de diciembre había finalizado la vigencia del anterior concierto sanitario con una entidad sin ánimo de lucro que en sus 40 años de vida se ha ganado el reconocimiento de la sociedad valenciana por su trabajo bien hecho en áreas como la atención, la investigación o la prevención, y con una clientela especialmente necesitada de cuidados profesionales pero también de mimo y de privacidad.
El punto de partida para el futuro de las relaciones entre la fundación y la sanidad pública valenciana no era el mejor. A pesar de que al presidente Ximo Puig se le cae la boca de subrayar la importancia de la colaboración público-privada, su gobierno colecciona contenciosos con el otro lado del guión: recuperación de concesiones sanitarias por fin de contrato (Ribera Salud) o deficiente servicio (Marina Salud); recorte de conciertos con centros docentes de titularidad privada; vetos a proyectos singulares como Puerto Mediterráneo; tasa turística con el rechazo del sector hotelero...
El equipo de Sanidad que lidera la consellera socialista Carmen Montón no quería que las nuevas relaciones con el IVO se mantuvieran en los mismos términos y se planteaba incluso sacar a concurso abierto la atención integral a los pacientes oncológicos. Tras numerosos pronunciamientos en público y en privado en favor de mantener a la fundación en la órbita de la sanidad pública, la Generalitat se avino a promover un concurso para una entidad sin ánimo de lucro, con un número determinado de años de experiencia y otros detalles tan concretos que aquello tenía todo el aspecto de un traje a medida con la particularidad de que a nadie le parecería mal.
Sin embargo, surgieron poderosos detractores. Las concesiones sanitarias de la órbita de Ribera Salud, la Alianza de la Sanidad Privada Española y, ya dentro de la Administración valenciana, la Abogacía de la Generalitat, que puso unos reparos que fueron subsanados en el documento final, y la Intervención, partidaria de sacar el contrato a pública concurrencia, quién sabe si en la línea de defensa funcionarial que se cura en salud con todo por si luego su firma le lleva ante los tribunales.
Pese a todo, el contrato se cerró y fue adjudicado provisionalmente al IVO en julio pasado, coincidiendo con la vuelta a la máxima responsabilidad de la fundación oncológica de quien se ha revelado como el más poderoso de los enemigos del nuevo contrato, el nieto del fundador, sobrino del presidente del patronato y director general del instituto oncológico hasta que Alberto Fabra lo nombró conseller de Sanidad, cargo que dejó en 2015 al perder el Partido Popular el gobierno de la Generalitat: Manuel Llombart. Éste había regresado al IVO meses antes pero se había mantenido alejado de la dirección, en un puesto de responsable de internacionalización y en una situación de incompatibilidad autoimpuesta de dos años para no tener que abordar ningún asunto que hubiera podido tratar como conseller.
Llombart había viajado por todo el mundo intentando que «su» IVO no perdiera la estela de las grandes posibilidades económicas que se han abierto en los últimos tiempos para la sanidad privada, y que se aprecian en la Comunitat Valenciana con una eclosión de proyectos, hospitales nuevos, absorciones o fusiones empresariales. La sanidad privada mueve millones y el ex conseller no quería que el IVO se atase a la Generalitat como cliente único. Australia, China, Suramérica... por todas partes llegaban posibilidades de crecimiento y negocio.
Frente al retornado director general, su tío, Antonio Llombart, se mantiene en la presidencia del patronato de la fundación, ocho personas de relevancia social, con él como único médico. Antón, como todos lo llaman, ha rebasado los 80 años y mantiene su visión del IVO como ha sido siempre: de servicio, sin ánimo de lucro, con los pacientes como primer interés. Había trabajado decididamente durante la primavera y el verano para suscribir un nuevo acuerdo con Sanidad para tres años, ampliables a diez, a pesar de la cláusula que establecía que los pacientes ya no podrán acudir al centro por propia decisión, sino remitidos por el servicio público.
El viernes 15 de septiembre todo cambiaría. Cuatro de los patronos abrazaron las tesis del sobrino Llombart (que no pertenece al órgano rector), dando uno de los mayores disgustos de su vida al número 1 de la entidad. Se negaban a firmar el contrato con Sanidad, un acto formal imprescindible con fecha límite del viernes, 22. Entre los que han cambiado de bando destaca el marqués del Turia, abogado, vicepresidente del Ateneo Mercantil de Valencia y presidente de la Asociación Valenciana de Lucha contra el Cáncer, Tomás Trenor Puig, quien parece haber orillado su proverbial prudencia para tomar partido en un conflicto que va mucho más allá de una disputa familiar y de quien se comenta que es el candidato de Llombart sobrino para presidir el patronato en una nueva etapa.
Las aguas de la polémica bajan ahora con la velocidad de las de un torrente en plena gota fría. La vicepresidenta Mónica Oltra prácticamente suplicaba el viernes desde su tribuna del Consell que el IVO (los del sí) pidiera una prórroga para ganar tiempo y reconducir las cosas. El presidente del patronato se reunía en ese mismo momento con los jefes de servicio y buena parte del personal de la Fundación para informar de la situación, y allí acudió también el director general, para escuchar y para defender que el contrato pendiente de firma es perjudicial para la entidad, que ha perdido el 40 por ciento de los pacientes desde el 1 de enero, desde que trabaja sin vinculación formal con Sanidad.
Por si los diez días (ocho ya) que quedan de la prórroga no se presentaban bastante tensos (o el presidente del patronato logra que alguien cambie su voto o no habrá firma y el IVO quedará fuera del servicio público), Ribera Salud volvía a hacerse presente en el campo de batalla anunciando ayer que si finalmente hay acuerdo ellos lo impugnarán en los tribunales. Y será más por pegarle una patada al tablero y fastidiar a la Generalitat que no le renueva el contrato del hospital de Alzira que por defender sus opciones de asumir la atención integral de los pacientes con cáncer. Un río revuelto en el que ójala las víctimas no sean los pacientes oncológicos.
