Recordaran la película «La noche de los muertos vivientes», un título basado en un oxímoron o «contradictio in términis». Una figura literaria consistente en utilizar conceptos contradictorios de manera que acaben teniendo sentido de una manera extraña y compleja ayudando a percibir un nivel más profundo, una especie de tercer concepto.
El Consell lleva años promocionando un oxímoron: «Presupuestos con ingresos virtuales» cuya razón de ser se justifica con otro brillante y vacío slogan de «presupuestos reivindicativos». Estamos frente a semántica solo comprensible como fruto de la imaginación creativa de publicista habituado a moverse en el mundo de la retórica. Por muy brillante que sea oxímoron, en temas contables solo hay verdades o mentiras y estas últimas son objeto de calificación jurídica, por mucha retórica que se ponga. Aunque el político se sienta protegido, un voto mayoritario de un parlamento no puede ignorar la verdad.
Revindicar vía presupuestos es sencillamente una ridiculez intelectual cercana al engaño ciudadano, por muy justo que sea el objetivo perseguido.
Da la sensación que el President Puig, vive una cierta soledad intelectual, por lo que es obligado el respeto hacía quien reflexiona en días como estos. Aunque el problema catalán lo llene todo, el jueves en Les Corts, Puig hizo un acto de responsabilidad al anunciar, para el mes que viene, un congreso sobre el autogobierno del pueblo valenciano, en busca de aportaciones sobre cómo «resetear» el autogobierno. Todos estamos de acuerdo en que la salida al problema territorial de España pasa por la reforma de la Constitución, en la que habrá que contar con todos los partidos políticos pero también con la sociedad, incluyendo el reconocimiento de las singularidades de nacionalidades y regiones, así como normas claras en términos de financiación regional.
Desgraciadamente, ignorante de la cuestión territorial en España, por tercer año consecutivo, el viernes el Consell recurría al término «partida reivindicativa» para incluir 1.325 millones virtuales en los Presupuestos de 2018. Que nadie se engañe, lo que realmente significa este virtual ingreso, es que, incluso en el muy optimista caso de que los Presupuestos de 2018 se cumplieran en lo que a gastos se refiere, la Generalitat Valenciana (GV) va a acabar el año sumando 1.325 millones de deuda a su ya espectacular cantidad actual de 44.975 millones.
De la misma manera que el independentismo catalán recurre a «principios y derechos» el Consell para defender su oxímoron hace una proclamación sobre principios: «El objetivo de incluir un ingreso virtual es hacer efectivo el principio de suficiencia y equidad previsto en la Ley 22/2009 de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía (LOFCA) así como garantizar los derechos de todos los valencianos de forma que la prestación de servicios públicos en nuestra comunidad se sitúe en niveles similares a los del conjunto de las autonomías».
A continuación, como si nada estuviera ocurriendo en España, insiste en reaccionar «ante la inacción del Gobierno central que aún no ha modificado el sistema de financiación autonómica que lleva caducado desde el 1 de enero de 2014». En este punto ya entra en el terreno de las «fake news». El Tribunal Constitucional (TC) en Mayo de 2016, ante una demanda de la propia Generalitat rechazó que el sistema de financiación configurado haya perdido su vigencia, «sencillamente, porque no hay norma alguna que así lo disponga». Por tanto, estará en vigor mientras no se derogue «por la normativa rectora de un nuevo sistema». El TC recuerda que lo que la LOFCA prevé es que transcurrido el período quinquenal, se realice una valoración de los efectos del sistema con vistas a plantear una posible revisión del mismo que, en cualquier caso, deberá ser sometida previamente, «a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera ()». Toda «fake new» debidamente repetida en todos los medios de comunicación se convierte en verdad poco menos que teológica.
A pesar de la infactibilidad financiera de la GV, el Consell no quiere ni oír hablar de una devolución de competencia al Estado y sigue con su posición en contra de no se sabe quién, como no sea una aplicación del famoso Artículo 155, en versión valenciana. «Nuestra Comunitat, tal y como ha quedado contrastado en los diferentes informes económicos, emitidos tanto por instituciones públicas como privadas, necesitaría disponer de ingresos adicionales para alcanzar la media de recursos por habitante del conjunto de las autonomías. Este hecho ha sido nuevamente refrendado por el informe elaborado por la Comisión de Expertos nacional para la reforma de la financiación autonómica». La repetición del argumento no hace más que reconocer su inutilidad.
Cuando se dice que los informes señalan que el déficit que padece la Comunitat Valenciana (nótese como lo geográfico se confunde con lo institucional, ya que el déficit es de la Generalitat no de los valencianos) que es producido por un modelo de financiación que la discrimina en los ingresos, sólo se repite el canto del resto de autonomías incluida Cataluña en su momento.
Una vez inventado y repetido el término «ingreso reivindicativo» todo es posible en el imaginario del Consell, como ir a Madrid y volver con sonrisa de triunfo por haber escuchado a Montoro referirse a algo imposible en las actuales condiciones, como es convocar de forma «inmediata» a la comisión político-técnica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que dé forma a un nuevo sistema de financiación (¿Cataluña y Comunidades forales incluidas?).
Disculpas por la insistencia. Por mucho que nos duela, la GV en su actual formato es inviable.
Patada presupuestaria hacia adelante no es reflexionar, es simple literatura propia del doliente que no quiere reconocer la realidad, cosa que el congreso propuesto por Puig puede no hacer.
