El problema social que se está generando por el constante aumento de los precios del alquiler de la vivienda en València empieza a ser preocupante. La rentabilidad económica que ofrece el mercado inmobiliario frente a otros productos de inversión, sobre todo tras el desplome de precios que se produjo a causa de la explosión de la burbuja y la salida al mercado de inmuebles y suelo a bajo precio, ha vuelto a disparar el interés de fondos y grandes inversores por el ladrillo en busca de una rentabilidad que ahora procede, sobre todo, de los arrendamientos, tanto de oficinas y locales comerciales como de viviendas.
Y las consecuencias no se han hecho esperar. La subida de las rentas -a la que también ha contribuido en cierta medida el cada vez más amplio parque de pisos y apartamentos turísticos- ha convertido los centros de las grandes ciudades en áreas urbanas intocables. Y la mancha de aceite ya alcanza también a los barrios colindantes. Sucedió en Madrid, un poco más tarde en Barcelona y ahora en València.
Ramón Ferrando lo contaba ayer en este periódico: la subida del precio del alquiler -entre el 10 y el 15 % en el último año- en cinco barrios de València (Ciutat Vella, Russafa, Campanar, l'Eixample y Extramurs) y en La Patacona (Alboraia) está expulsando a los inquilinos hacia otras localidades del área metropolitana con arrendamientos más asequibles. Un desplazamiento -que como todos, hunde sus raíces en la desigualdad- provocado por un mercado distorsionado debido a una situación económica peculiar que, en cierta medida, guarda un peligroso parecido a la que propició la gestación de la burbuja inmobiliaria. Y que tiene, como decía al principio, unas graves consecuencias sociales al cerrar la puerta a una demanda de personas y familias jóvenes que pueden revitalizar estos barrios y que carecen de la suficiente capacidad económica para pagar 700 euros mensuales por una vivienda. Algo que recuerda, salvando las distancias, a la muralla que se encontraron los inmigrantes en los años sesenta para establecerse en las grandes ciudades.
Y las administraciones -tanto la autonómica como la local- no deberían cruzarse de brazos observando como el mercado libre establece sus reglas. Tienen herramientas a mano. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de València, Alfredo Cano, lo comentaba el martes: "Incentivos fiscales al alquiler de las viviendas habituales". Y por supuesto, poner en el mercado viviendas públicas de alquiler que pacifiquen el mercado.
La inacción, en este caso, solo contribuye a la distorsión de un concepto de ciudad habitable y sostenible.
