Entre tanta confusión y griterío en torno a Cataluña y al problema de la articulación político/territorial de España, ha encontrado hueco mediático la voz de un grupo de catedráticos, encabezados por D. Santiago Muñoz Machado, señalando el camino, aunando mesura, pragmatismo y conocimiento científico. El dictamen no puede ser más nítido: urge la reforma de la Constitución de 1978. La Constitución, como cualquier norma, independientemente de su rango, resulta útil en tanto en cuanto sirve a los fines que justifican su propia existencia, en clave de articulación de los principios rectores que ordenan nuestra convivencia. La Carta Magna, en algunos de sus aspectos -Título VIII- se ha quedado obsoleta, por cuanto el actual régimen de comunidades autónomas, aún a pesar de su innegable éxito, requiere ajustes urgentes que den respuesta a una realidad plurinacional en la que Cataluña y País Vasco encuentren respuesta a sus singularidades, sin que por ello quiebre el conjunto, ahormando un modelo armónico perdurable en el tiempo. El actual Estado autonómico ha constituido el primer ensayo en nuestra historia en el que nos hemos dotado de un modelo institucional que refleja la diversidad territorial de aquel, con resultados más que notables, aunque nostálgicos del franquismo y sectores de la llamada nueva izquierda se empeñen en desdeñarlo.
Sin embargo, el modelo pergeñado por el Título VIII ha sido superado por el actual estado de cosas, y muy especialmente a raíz del repunte independentista catalán, sumado a la controversia en torno al llamado "cupo vasco". La salida arbitrada para sortear el atolladero del mal llamado referéndum del 1 de Octubre -aplicación del 155 y convocatoria de elecciones autonómicas- no puede interiorizarse colectivamente como el bálsamo de Fierabrás que cicatrice definitivamente el problema, sino como una suerte de prórroga, para enfrentar el problema en términos de discusión y consenso con la vista puesta en la estabilidad a largo plazo, entre otras razones, porque la división de la sociedad catalana en dos mitades será ratificada inexorablemente en las urnas el próximo mes de diciembre, confirmando lo que sabemos: que estamos en presencia de un asunto crucial para el devenir de España, y que la solución al mismo requerirá mucho cortejo entre los actores llamados a escena, toda vez que nada hace presagiar soluciones sencillas.
En primer término debe determinarse el alcance de la reforma constitucional; esto es, si la misma afecta exclusivamente al Título VIII, o, por el contrario, desborda el mismo, para cuestionar la forma de Estado (Monarquía/República) o el papel de la Iglesia Católica, pues bien pudiera ocurrir que algunas fuerzas políticas se negaran a ser partícipes de una reforma que no incluyera estos asuntos en la agenda. Si esto fuera así, estaríamos, se me antoja, en presencia de una dificultad cuasi insalvable, ya en la antesala de la reforma. Más allá de esto, y una vez inmersos en la modificación del Título VIII, debería, a mi juicio, orientarse la misma, rediseñando el Estado autonómico, para transitar hacia un Estado Federal que profundice en el autogobierno de los territorios, al tiempo que corresponsabilice a los mismos, frente al Estado, en los aspectos más esenciales y comunes al conjunto de los ciudadanos (representación exterior, seguridad, defensa, fiscalidad, etc.).
Y es aquí donde sin duda emergerán ópticas distintas que entrañan un serio riesgo de fracaso, toda vez que, a mi parecer, el Partido Popular está lanzando nítidos mensajes que entrañan una involución centralizadora del poder, culpabilizando "a la gruesa" al actual modelo autonómico de los excesos nacionalistas. La dificultad para concertar las tendencias centrípetas con los anhelos cuasi independentistas no se le escapa a nadie, y es aquí donde el Partido Socialista vuelve a estar llamado -una vez más- a desempeñar un papel protagonista al servicio de España, nucleando y vehiculando soluciones de consenso en torno a la idea federalista, incluso formulada en formato asimétrico -Maragall dixit-, esto es, aunque ello implique contemplar, en términos razonables y asumibles, las singularidades vasca y catalana (al fin y al cabo el cupo vasco no deja de recrear una suerte de asimetría fiscal). Se me antoja que el actual Secretario General del PSOE y su equipo tienen una cita con la historia, que les medirá por el éxito o el fracaso ante este reto, aunque, justo es apuntarlo, las sucesivas declaraciones de mandatarios autonómicos (asociados al llamado "susanismo") haciendo causa común con el Partido Popular en esta temática, so pretexto de la defensa de sus intereses territoriales, no facilitan precisamente el camino. Si los interlocutores territoriales enfrentan la reforma en términos de defensa numantina del "status quo" como frontera inexpugnable, el fracaso será sonoro.
La construcción de un Estado fuerte no puede resolverse en términos de agregación de intereses territoriales -aun integrando estos- sino desde una perspectiva de conjunto, de valor superior que, no obstante, contemple singularidades y equilibre situaciones. Dicho de otra manera, la solidaridad interterritorial que debe estar presente en cualquier proyecto estatal que se precie, admite gradaciones, y acaso sea más inteligente ceder posiciones en esta materia, antes que poner en riesgo intereses superiores, que a todos importan: la propia supervivencia del Estado español tal y como lo conocemos.
