El IVO ( Instituto Valenciano de Oncología) lleva en funcionamiento cuarenta años. En ese tiempo, y desde su fundación por la familia Llombart, el Instituto ha atendido miles de pacientes oncológicos en nuestra comunidad. Y se ha ganado un prestigio nacional e internacional comparable a Houston -y creo no exagerar nada- en lo que al tratamiento de los problemas oncológicos se refiere. Durante estos años han pasado sucesivos gobiernos, tanto en España como en la Comunitat Valenciana, y siempre se ha logrado un acuerdo entre la Generalitat y el patronato de la entidad para lograr un adecuado régimen de concierto que hiciese posible el derecho de todos los valencianos que así lo eligiesen a ser tratados de una dolencia tan dura como es un cáncer en el IVO.
El Instituto cuenta con una plantilla de 600 trabajadores. Y unas jefaturas de servicio de una solvencia profesional que apabulla por los curricula vitae de sus profesionales. Médicos de una formación y una reputación de gran valor que son un orgullo para la medicina valenciana y una garantía, sin lugar a dudas, para el tratamiento de los pacientes que sospechen o padezcan cualquier proceso oncológico.
Pues bien, la consellera Montón ha estado a punto de no negociar y hacer fracasar el nuevo concierto con el IVO. Tanto es su empeño por obviar de la negociación pública todo concierto con entidades médicas, su sectarismo ideológico quiero decir, que ha puesto en muy serio peligro la viabilidad del nuevo concierto de la Generalitat con el IVO, del mismo modo que su apuesta por el desmantelamiento del Hospital de Alzira, que yo no comparto en absoluto, es al parecer el buque insignia de su labor de gobierno. Amén del incremento de personal, digamos eventual o laboral, en la Fe y en todos y cada uno de los hospitales de la red pública valenciana, que bastantes problemas tiene ya en lo que son los verdaderos ejes de la atención al derecho de la salud que establece la Constitución: el bienestar y mayor calidad de vida posible para los enfermos.
Fíjense que no hablo de falta de recursos, que siempre la habrá en materias tales como la educación o la sanidad. Ni hablo de la infrafinanciación valenciana que doy por supuesta y que afecta, cómo no va a hacerlo, a estas importantísimas áreas de gestión encomendadas a las comunidades autónomas. Hablo de una muy mal entendida politización de la gestión sanitaria que lleva al no reconocimiento de lo mejor y lo excelente, por mera miopía, cuando no ceguera a fuer de no quitarse las anteojeras ideológicas que predicen siempre el fracaso de las iniciativas privadas y el éxito absoluto y sin ningún tipo de carencia o renuncia del sector sanitario público.
En el caso que hoy nos ocupa, el mismísimo president de la Generalitat, Ximo Puig, obviando a su consellera, tuvo que recuperar el pulso de la negociación a fin de cerrar in extremis un acuerdo de concierto con la entidad para este año. Pero como todo lo que se hace a desgana e in articulo mortis político, las cosas no suelen salir bien. Los conciertos, tanto en sanidad como en educación, son buenos modos de cogestionar los servicios públicos esenciales. Ya sé que el actual gobierno no comulga demasiado con esta afirmación. Pero es lógico que la sustente yo que ni estoy en el Consell ni en ninguno de los partidos que lo refrendan. A mí si me parece una fórmula que, bien gestionada, puede coadyuvar al mayor éxito en nuestro sistema sanitario y asistencial que es, en definitiva, el bien a preservar desde una óptica constitucional del ejecutivo de cara a la prestación a los ciudadanos a su derecho a los servicios esenciales sanitarios.
Una cosa, pues, fue la firma de Puig del concierto con el IVO y otra la lectura que Montón hizo del mismo. La consellera, como Romanones, cree más en aquello del «hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos» de modo y manera que el IVO no ha parado de tener menos pacientes en todos y cada uno de sus departamentos desde que la burocracia de Sanidad tiene que autorizar al paciente a que pueda ir a ser atentido en el centro oncológico valenciano. No es el paciente quien elige ir al IVO, es Sanidad quien debe autorizarlo. Fórmula, como ustedes comprenderán, perfecta para que todo tipo de filtraciones o no filtraciones de pacientes sea llevada a cabo con perfecto ordenamiento legal y conforme a los intereses no tanto de los enfermos, sino de la Conselleria de Sanidad.
Quiero finalizar este Prismas haciendo pues un elogio del IVO como instituto internacional de referencia en materia oncológica. De todos sus profesionales y de su personal, así como de la calidad y humanidad de su asistencia médica. Y un ruego que supongo caerá en el saco roto del olvido o el menosprecio político. Déjense ustedes de sectarismos ideológicos cuando estamos hablando de la preservación de la vida humana. Tanto en la sanidad pública, como en la concertada. Los valencianos que sufren un cáncer tienen derecho a poder ser atentidos, si así lo desean, en el IVO. Sería muy positivo que la Conselleria de Sanidad y su titular no pusieran más palos en la rueda de un centro de referencia mundial en el tratamiento del cáncer.
