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Julio Monreal

Justicia con el periodismo

La casualidad ha querido que la misma semana en la que se estrena la película de Steven Spielberg que ensalza el periodismo responsable y serio, el que resulta útil a la sociedad porque cuenta las verdades y hace frente a los abusos del poder, los acusados en el sumario Gürtel de participar en una trama de financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana en la etapa más negra de la corrupción política estén confesando, uno detrás de otro, aquello que negaron tantas veces. Uno recuerda hoy aquellas llamadas telefónicas, aquellos golpes de pecho, aquellos juramentos pronunciados para intentar atajar e invalidar las informaciones que en 2005 empezó a publicar Levante-EMV sobre unas empresas que habían llegado de Madrid y se habían hecho con la cartera de trabajos electorales del PP y de buena parte de las conselleries del Consell que presidía Francisco Camps. Cuatro años pasaron entre las primeras informaciones y aquel 6 de febrero de 2009 en que el juez Baltasar Garzón ordenó registrar la sede del grupo de Francisco Correa en la calle Colón de València. Cuatro años de desmentidos, presiones y amenazas.

Aquellas negaciones son hoy confesiones ante el tribunal para intentar rebajar las duras condenas que el fiscal pide para los implicados, tanto para Correa y sus empleados como para los políticos que dieron cobertura en València a los Gürtel cuando estos emigraron de Madrid tras la dimisión de José María Aznar y el cierre de la ubre popular en la sede de Génova por decisión de Mariano Rajoy.

Frente a los nombres del banquillo, Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero o Blanco Balín toca hoy poner en valor los de Francesc Arabí, Juanjo García, Julia Ruiz, Ramón Ferrando, Víctor Romero, Sergi Pitarch y otros muchos periodistas de esta casa y de algunas otras, no muchas, que trabajaron de forma profesional e insobornable los mimbres que hoy se analizan en la Audiencia Nacional, y que se vieron cuestionados por un poder omnímodo y asfixiante que intentó por todos los medios evitar que saliera a flote lo que hoy se ventila en la vista oral.

No se trata de condenar antes de que se emita sentencia. Es que hay algunas cosas que han quedado ya certificadas. La trama de Correa en València realizó trabajos de intendencia electoral para el PP en las campañas autonómica y municipal de 2007 y en las generales de 2008. Los populares tuvieron dificultades para pagar aquellos servicios y no encontraron otra fórmula de liquidar la deuda que endosársela a una decena de empresarios valencianos que tenían contratos con la Generalitat gobernada por Camps. Lo han confesado los que cobraron desde empresas como Orange Market y Special Events, y los que pagaron, como Enrique Ortiz, Vicente Cotino y otros.

Esto es lo que ha dado de sí la primera semana del juicio. En la segunda, la que comienza mañana, el foco estará puesto en quién ideó, organizó o ejecutó desde el PP valenciano el tráfico de servicios, contratos y fondos. Es el turno de Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Cristina Ibáñez y Yolanda García. Los de Correa han señalado a Costa como su interlocutor para los negocios y a Camps como el supremo hacedor, el que daba el visto bueno a todo, con participaciones destacadas de los otros políticos acusados y de Juan Cotino, ex director general de la Policía, ex delegado del Gobierno, ex conseller, ex vicepresidente, ex concejal de València y ex presidente de las Corts Valencianes; la tercera figura del poder popular de la Comunitat Valenciana en 2007 junto a Camps y la alcaldesa Rita Barberá.

La que fue primer edil de València durante 24 años ha muerto, y los otros dos miembros del triunvirato popular de aquella época de vino y rosas, Camps y Cotino, están en esta parte de la causa Gürtel como testigos. Al no haberse producido nunca una imputación contra ellos por la supuesta financiación ilegal del PP, en caso de que testimonios o pruebas aparecieran en la vista oral que les pudieran llegar a incriminar la Audiencia Nacional se encontraría con que los supuestos delitos habrían prescrito y ambos estarían fuera del alcance de la justicia. Puede parecer ficción, pero hay quien da crédito a la hipótesis de que los hombres de Correa están descargando las culpas en Camps, su benefactor de aquellos tiempos, a sabiendas de que la acusación no tendrá ningún efecto penal sobre él y en cambio ellos sí pueden ver aliviada su petición de condena por colaborar con la justicia.

El caso es que los Gürtel obtuvieron de la Generalitat y el PP valenciano 8,5 millones de euros y de ellos 6,1 millones viajaron a la caja B de Correa en Madrid. Cuesta poco señalar de quién era ese dinero: de los contribuyentes, como el de Emarsa, las pantallas de la visita del Papa a València, los fondos para cooperación desviados o los espacios en la feria Fitur que han significado 9 años de cárcel para 'esa pobre consellera', como se refiere Correa a Milagrosa Martínez. Pero no solo es el dinero que se perdió en los bolsillos de los corruptos: Es la losa que se arrojó sobre una administración, la podredumbre que anidó en las relaciones con el sector privado; es la montaña de basura que se arrojó sobre una sociedad entera que hoy se avergüenza de ver sus trapos sucios en los medios de comunicación (excepto en TVE, que hace mutis por Gürtel como en los días de la infamia hacía la hoy añorada por algunos Canal 9); es el fraude que supone haber concurrido a convocatorias electorales y haberlas ganado con trampas, con dinero de procedencia ilegal invertido en campañas, actos y banderolas de calle; es el sinsentido de tener a sueldo de la Generalitat, con personal auxiliar, coche oficial y despacho en el Consell Jurídic al que fue director de aquella orquesta de aprovechados, un Francisco Camps que debió haberse ido del todo como Richard Nixon se marchó tras los escándalos de los papeles del Pentágono que Spielberg ha llevado ahora al cine y el caso Watergate. Tanto si lo sabía como si no lo sabía. Es responsable en cualquier caso.

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