El mensaje ya cala entre la opinión pública: medios y políticos van anunciando que el actual sistema de pensiones, de reparto, es insostenible a medio plazo (2017 terminó con el mayor déficit de la Seguridad Social, cercano a los 19.000 millones de euros) y se empiezan a plantear "soluciones" para afrontar el problema.
El retraso en la edad obligatoria de jubilación (que culminará en 2027, cuando se fije en 67 años) se ha revelado insuficiente. Por factores: coyunturales (la dura crisis de 2008-2013), de medio plazo (se jubilan generaciones con sueldos altos, mientras los empleos creados para financiar dichas prestaciones son de peor calidad y escasos en cuantía) y de largo (la última cohorte generacional incorporada al mercado de trabajo, nacida entre 1976 y 1995, es muy inferior a la de nacidos entre 1960 y 1975 y volverá a bajar cuando ingresen los nacidos a partir de 2008).
Ante este panorama, expertos y políticos instan a la población a que ahorre para financiarse planes de pensiones, lo que presenta dos problemas: la mayoría de ellos no son rentables, financieramente hablando; y la capacidad de ahorro de los españoles es bastante baja, dado que los sueldos también lo son (mientras se vuelve a recurrir al crédito para mantener los actuales niveles de consumo).
Así que el Gobierno ya ha lanzado globos sonda (por ejemplo, tener en cuenta toda la vida laboral para tener derecho a una pensión, en lugar de los últimos 20-25 años), para recortar el poder adquisitivo de las pensiones (la revalorización anual del 0.25% de las mismas también contribuye a ello). Y es que se confía en estos parches para no tener que adoptar medidas más dolorosas (¿recorte de las pensiones más elevadas?), dado el alto coste electoral que tendría para el partido que las adoptara.
