El pasado 2017 fue un muy mal año para la democracia española, y lo que llevamos de 2018 indica claramente que este año puede ser aún peor. Con la crisis independentista de trasfondo (a veces real, pero en la mayoría de las veces mera excusa), el Gobierno y los poderes del Estado se están afanando en recortar más y más libertades. Cuestiones que hasta hace bien poco se daban por supuestas, o que era impensable que pudieran ponerse sobre la mesa, ahora se están naturalizando a marchas forzadas ante la opinión pública.
Esta semana hemos asistido, atónitos, a sucesivas noticias en este particular. Por un lado, la orden judicial de secuestrar una publicación, el exitoso libro de investigación del periodista Nacho Carretero Fariña, sobre el narcotráfico en Galicia. Una jueza ordenó secuestrar la edición del libro como respuesta a la solicitud de un exalcalde del PP gallego, José Alfredo Bea, cuyos supuestos vínculos con el narcotráfico aparecen brevemente descritos en Fariña.
El efecto de tal decisión, como es habitual, ha sido el contrario al buscado: mucha más gente se ha afanado en buscar ejemplares del libro y la historia del exalcalde (condenado en su día por narcotráfico y después absuelto por el Tribunal Supremo, y también condenado por blanqueo de capitales) ha circulado como la pólvora: es decir, la jueza que ordenó el secuestro de la publicación ha logrado el efecto contrario al buscado. Pero que esto sea así no puede hacernos ignorar el vergonzoso, desproporcionado ejemplo de censura informativa que esta decisión constituye.
Otro ejemplo de censura, tan ridículo como ilustrativo, ha sido la retirada de Arco de una obra que denunciaba la existencia de presos políticos en España (los que se encuentran en prisión preventiva a raíz de los acontecimientos de septiembre y octubre en Cataluña: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, y los Jordis). Retirada que envía un mensaje muy claro por parte de Arco: arte, sí, pero dentro de un orden. Arte que no incomode, ni busque polémica. Es decir: arte insustancial, censurado. La misma negación del arte.
También hemos visto esta semana cómo el Tribunal Supremo confirmaba la condena a tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc por dos delitos: injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo. Sin duda, las letras de Valtonyc resultan insultantes y muy agresivas. La cuestión es, de nuevo, que la libertad de expresión no tiene valor si sólo se aplica para los discursos o actitudes con los que la mayoría de la sociedad ya está de acuerdo. Si fuera así, nos estaríamos conformando con una libertad de expresión cercenada, del gusto de los gestores de Arco. Por muy desagradables que puedan parecer las letras de Valtonyc, es significativo que su condena sea a prisión (no una simple multa, sino entrar en la cárcel), y que lo sea por dos delitos que constituyen, en sí, tipos especiales particularmente restrictivos: la Corona y los delitos relacionados con el terrorismo, que se le aplican a Valtonyc, precisamente, porque con ellos sí que se le puede condenar a prisión.
Finalmente, la semana ha tenido dos noticias vinculadas con el independentismo y con la deriva retrógrada que nos invade: por un lado, la huida de Anna Gabriel a Suiza, que ha sido saludada por los opinólogos de guardia con la previsible retahíla de insultos centrados en su aspecto físico y vestimenta... como lo habrían hecho en 1949.
Esta huida tiene, obviamente, un afán propagandístico. La cuestión es que, sin poner en duda que lo que hizo el independentismo en todo lo que tuvo que ver con el referéndum del 1-O y la DUI constituyó un ataque absolutamente impresentable al Estado de Derecho y a las libertades de los ciudadanos (enmascarado en candorosas apelaciones a que «queremos votar». Votar... para a continuación aplicar la independencia que buscaban, aunque no llegasen ni al 50 %), eso no es justificación para que el Estado ponga en marcha su maquinaria represiva con tanto ahínco y desmesura como lo está haciendo, con condenas de cárcel que pueden llegar a los 30 años y prisiones preventivas absolutamente desmesuradas y que ya comienzan a prolongarse durante meses.
Por ese motivo, no cabe extrañar que la semana se cierre con una coda humorístico-ridícula, pero indicativa de los tiempos que estamos viviendo: el humorista Joaquín Reyes estaba grabando un sketch en Torrejón de Ardoz, disfrazado del expresident catalán, Carles Puigdemont, y con una bandera independentista. Suficiente para que un vecino denunciase los hechos a la policía y para que seis agentes se personasen allí a detener al prófugo. Cosa que no hicieron, al constatar que se trataba de un humorista. Pero al paso que vamos, no descarten que la próxima vez le detengan preventivamente. Por si acaso le da por burlarse de Felipe VI, ponerse un jersey amarillo o decir que igual se compra un billete a Suiza.
