Tras haber seguido (bendita internet) las sesiones habidas hasta ahora, en la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico del Congreso de los Diputados (la novena tuvo lugar el pasado día 7) quedan dos sensaciones muy amargas. La primera es la falta de coherencia y solidaridad con la que se ha desarrollado el experimento que llamamos la España de las Autonomías (CC AA) y su financiación. La segunda es la falta de interés y preparación, incluso en el nivel de ausencia física e intelectual, que la mayoría de diputados han mostrado en sus intervenciones en una cuestión tan clave como es ésta para el mantenimiento o modificación radical de un Estado que hoy conocemos como Reino de España. Estas carencias se han hecho mucho más evidentes cuando nuestros diputados intentan debatir con los comparecientes, que afortunadamente acuden al Parlamento con intervenciones bien preparadas y cuya única pega, si alguna, es mostrarse excesivamente diplomáticos con un auditorio parlamentario que parece carecer de ideas. Allí el mítin, propio del micrófono periodístico, no les sirve
Ya con lo oído puede afirmarse que el actual desastre financiero de nuestro sistema autonómico no es una maldición del cielo, sino la confluencia de una serie de ineptitudes y falacias que el tiempo y la crisis económica ha puesto de manifiesto ante la irresponsabilidad de la clase política. Para empezar el diagnóstico, vayamos con las normas que nos hemos dado a nosotros mismos para llevar adelante un proceso de descentralización, que otras democracias llevan adelante con cuidado exquisito. Hoy ya nadie pude negar que, en contra de elementales principios democráticos, nuestra clase política ha ido creando una distribución competencial muy difusa, con una concurrencia de normas muy imprecisa para una misma materia que ha generado ineficiencias sin cuento para el funcionamiento de un sistema económico.
El Estado, por su lado, ha decidido ser irresponsablemente cómodo, limitándose a recurrir a una legislación básica con interpretación extensiva de los principios constitucionales que supuestamente los amparan; al mismo tiempo quien ha gobernado desde Madrid no ha renunciado a su capacidad para realizar inversiones y otorgar subvenciones en materias que no son necesariamente de su competencia (lo ocurrido con Cataluña y Euskadi es paradigmático: la Constitución como gran argumento e inversiones a tenor de las negociaciones con los partidos nacionalistas).
Por su parte, las CC AA han recurrido a unos estatutos de autonomía que de forma un tanto infantil buscan alocadamente ampliaciones competenciales que nadie sabe cómo financiar (la reforma constitucional que pretende nuestro Consell es un gran ejemplo). En medio, los ayuntamientos, obligados a extender sus competencias para cubrir obligatoriamente los vacíos que Estado y CC AA dejan. La sobrecarga de la actividad de interpretación del Tribunal Constitucional estaba cantada y así hemos sufrido períodos dilatados de incertidumbres normativas, que tantas consecuencias han tenido (de nuevo el ejemplo del Estatut catalán).
La consecuencia perversa de este marasmo normativo es que los políticos han decidido no interiorizar consideraciones propias de una asignación eficiente de los recursos públicos, cosa poco menos que canalla. Han vivido aparentemente felices con: un solapamiento de funciones entre administraciones; desaprovechamiento de las economías de escala, de alcance y de proximidad; incertidumbre e inseguridad jurídica que impacta negativamente en las de decisiones de los agentes económicos; dilución de responsabilidades y déficit de rendición de cuentas ante el fragante desconocimiento de la opinión pública sobre las funciones de los distintos niveles de gobierno.
Un segundo gran fracaso ha sido el proceso de toma de decisiones. A diferencia de otros países europeos, el Senado no actúa como una verdadera cámara de representación territorial y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no propicia la corresponsabilidad de las CC AA. En el CPFF, lo habitual es la confrontación cuando no la pura descalificación (demasiados improperios hemos oído en València) de dos bloques -Estado/CC AA- y un clima de desconfianza mutua que se traduce en deficiencias y falta de transparencia en la gobernanza de las reuniones. Añádase el sistema de votación (un reparto de votos al 50 % entre gobierno y CC AA) y el escaso peso de elementos técnicos objetivos de apoyo a las decisiones. Siguiendo con el «qué hay de lo mío», predominan las relaciones bilaterales de la Administración Central y las CC AA frente a mecanismos multilaterales de decisión, y ello a pesar de haber concluido los procesos de traspaso de las principales competencias.
En resumen, se ha envenenado la convivencia entre españoles y la solidaridad entre territorios, abusando de un proceso de toma de decisiones que no está orientado a la formación de consensos, ni a la cooperación entre los distintos niveles de administración. Cataluña como ejemplo.
La tercera vía de agua es el marco de indisciplina fiscal que fomenta el incumplimiento de las reglas (si se hubiera cumplido lo amenazado, la GV estaría bajo un artículo 155 financiero desde hace años). Las deficiencias en el diseño y aplicación de reglas son obvias: normas simultáneas sin jerarquías y no consistentes entre sí; dificultad en su cumplimiento; falta de criterios técnicos y de transparencia en la metodología utilizada en el reparto vertical de objetivos variabilidad y en el nivel de exigencia; excesiva discrecionalidad en la aplicación de las reglas fiscales y pérdida de la gradualidad de las sanciones; cambios no explicados a la hora de medir las reglas; inequidades en los sistemas de financiación entre entidades locales y CC AA y entre ellas (dualidad sistema foral-común y diferencias entre las del propio sistema común).
Las consecuencias de este conjunto de inconsecuencias ya han saltado a la cara de todos los españoles: pérdida de credibilidad del marco fiscal; debilidad del Estado para exigir el cumplimiento de las reglas; desafección de las CC AA e incumplimientos generalizados
Para explotar las ganancias potenciales de eficiencia económica de un modelo descentralizado se requiere un marco normativo sofisticado con elevada calidad institucional y política. Desgraciadamente, no hemos sabido.
