No me ha pillado por sorpresa que los pensionistas hayan salido a la calle a defender las pensiones. Tampoco que reivindiquen la vuelta a la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) como criterio de revalorización. Ya estaban tardando, porque la reforma de las pensiones de 2013 eliminó esa posibilidad y la sustituyó por el Factor de Revalorización Anual (FRA) responsable de la subida de las pensiones en ese 0,25 % que tanto ha indignado a los pensionistas. Pues esperen y verán, porque cuando apliquen el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) en 2019, las nuevas pensiones se recortarán en función de la esperanza de vida. Dicho de otra manera: cuanto más vivamos, menos vamos a cobrar. Si no se compensa con otras medidas, se espera un recorte de las pensiones considerable que recortará derechos y empobrecerá a los jubilados en general y de forma particular a las personas más necesitadas, más longevas y más pobres: las mujeres. Parafraseando la cita de AgeWatch en 2015, toda una vida de discriminación de género combinada con la desigualdad en el envejecimiento y la longevidad pueden tener efectos devastadores, especialmente en las mujeres mayores.
Efectivamente, somos las mujeres las que tenemos las pensiones más bajas (un 38 % más bajas que los hombres según el informe publicado por VidaCaixa en 2014). En el peor de los casos ni siquiera las tenemos, porque la dedicación y los cuidados a la familia -los hijos la pareja o los progenitores- no cotizan. Somos las mujeres quienes a lo largo de nuestro recorrido vital y laboral acumulamos brecha salarial, techo de cristal, empleos precarios, largos períodos de inactividad por cuidar a la familia, carreras profesionales con mayores contratiempos e interrupciones y menor proyección profesional. Todo esto pasará también factura al llegar a la jubilación. Así, aún teniendo el mismo nivel educativo que los hombres, las mujeres acumulamos mayor riesgo de pobreza y menor riqueza. La situación empeora, además, porque como vivimos solas y somos más longevas tenemos mayores necesidades médicas y de cuidados.
Como decían algunos de los pensionistas que se manifestaron estos días por la dignidad de las pensiones, es evidente que las mujeres tenemos que reclamar la igualdad: defender nuestra dignidad como mujeres, como trabajadoras y como pensionistas. Menos mal que la dignidad nos anima y siempre hay alguien que nos da una hermosa lección motivadora. Anna Muzychuk lo ha hecho estos días: renunció a defender sus títulos de campeona del mundo de ajedrez en Arabia Saudí porque no quiso aceptar unas normas que la harían sentir, según dijo, una ciudadana de segunda. Para ella los derechos humanos deben primar sobre los económicos.
Coincidimos con Anna también aquí, en el debate sobre las pensiones, que se ha reducido a un asunto contable basado en escenarios pesimistas y oportunistas sobre la demografía y los gastos. Un debate de supuesta sostenibilidad económica que, sin embargo, no ha dicho nada del hundimiento del consumo que supondría la caída de las rentas de la población jubilada sobre el conjunto de la economía. En todo caso, hay otras cuestiones de mayor calado que se han obviado. La protección social y las pensiones en particular son una opción de la sociedad, una opción política sobre el grado de solidaridad posible, a condición de realizar una redistribución de la riqueza que debe quedar al margen de la lucha partidista. El Pacto de Toledo de 1995, ese mismo que está ahora parado, nació con esa voluntad, fruto de la negociación entre los grupos parlamentarios, en relación a la protección social a través de las pensiones públicas. Como dijo la catedrática de geografía humana y experta en demografía Anna Cabré, no es la demografía, son las políticas. Y este modelo en el que se sustentó la reforma de las pensiones, ahora contestado en la calle, degrada el Estado de bienestar y rompe el pacto social.
Las pensiones son patrimonio social y un pilar muy importante del estado de bienestar. Por eso, además de activar el Pacto de Toledo y el debate social, es importante hablar de los ingresos, esa parte de la ecuación que se dejó fuera en la reforma de las pensiones de 2013, cuando únicamente se atendieron cuestiones de demografía y de gasto en escenarios pesimistas e inamovibles. Hay otras propuestas sobre como reducir los gastos de la Seguridad Social sin afectar la permanencia de las pensiones y su revalorización y también las hay sobre cómo mejorar los ingresos al sistema de financiación incluyendo mejores empleos y cotizaciones. Necesitamos capacidad política que oriente las pensiones de cara a una sociedad moderna, solidaria, equitativa e igualitaria en forma de planes estructurales consensuados. Las ocurrencias puntuales y el populismo fiscal, como respuesta a la presión de la calle, no harán sino empeorar la situación.
