Define el diccionario de la RAE la acción de politiquear como «tratar de política con superficialidad o ligereza. Hacer política de intrigas o bajezas». Durante años, todos aquellos en los que gobernó el PP esta comunidad, conocimos algunos ejemplos de ello. Eran los tiempos del despilfarro y los grandes eventos. Hoy, parte de aquella política desfila por los tribunales. Paralelamente, se llevaba al ostracismo la política social. Relegando, incluso, a un segundo plano la Carta de Derechos Sociales que recoge nuestro propio Estatut d´Autonomía.
Uno de los grandes problemas derivados de todo ello tiene que ver con el debate abierto en relación a los centros de menores tutelados. Durante años, la política valenciana se singularizó por la falta de inversiones en la creación y renovación de las infraestructuras, así como en la contratación de profesionales especializados. En general, se puede decir que los gobiernos del partido conserrvador en la Comunitat se caracterizaron por su escasa sensibilidad en materia de política social.
El debate en torno a la propuesta de la consellería competente de construir dos nuevos centros de menores en los municipios de Paterna y Llíra, no deja de ser sorprendente. Sus alcaldes vienen a ser como la cara y la cruz de una misma moneda. El de Paterna, Juan Antonio Sagredo, se opone a la ubicación de un centro de menores en la Cañada; mientras que Manuel Civera acepta la ubicación de un centro de recepción en Llíria. Dos alcaldes de un mismo partido, el PSPV, con dos visiones contrapuestas.
Hablar de menores tutelados, es hablar de víctimas de unas circunstancias sociales extremadamente difíciles: malos tratos, abusos, precariedad, etcétera. Niños y niñas que se encuentran en una situación de desamparo a la que los poderes públicos tienen la obligación de responder, protegiéndolos. No les podemos dar la espalda, ni política ni socialmente.
Por ello, resulta sorprendente que algo así se haya colado en el debate. Fundamentalmente, porque estamos ante un problema tan sensible que debería quedar fuera de la contienda política. Las decisiones se deben tomar pensando en el interés de los menores. Allí donde una parte de la sociedad se pueda mostrar insolidaria, los gobiernos locales deben hacer la pedagogía necesaria para implementar raciones de tolerancia. No cometamos el error de alimentar un discurso que favorece la insolidaridad y estigmatiza a los más desprotegidos. No convirtamos a los menores tutelados, también, en víctimas de una política intolerante.
Pongamos en valor el ejemplo del alcalde de Llíria, que no se ha arrugado a la hora de acoger en su municipio un centro de recepción de menores. Además, no ha cejado en la labor de explicarlo a los vecinos y vecinas, haciendo de la política un espacio para la tolerancia y la solidaridad.
