Desde siempre he defendido la conveniencia y lo acertado de la existencia del Defensor del Pueblo, y en el caso de la Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges. Incluso cuando algunos partidos políticos planteaban la posibilidad de eliminar estas instituciones, bajo la excusa de la reducción del gasto público o la duplicidad de competencias, he manifestado mi absoluta oposición. Era evidente que detrás de esa medida se buscaba silenciar a quienes tienen asignada la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos, ejerciendo de contrapunto indispensable a la actuación de la Administración, y por ende de los Gobiernos.

En la Comunitat Valenciana, el Síndic ha mantenido en los últimos años una actuación decisiva a la hora de denunciar los recortes en materia social, y en esa misma línea, el Informe Anual 2017 presentado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, es una excelente prueba de la especial sensibilidad y acierto que posee esta institución.

Repasando ese informe, debo coincidir plenamente con el análisis que ofrece de la realidad actual de nuestro país, donde se subraya que la crisis ha producido un pozo de desigualdad, mucho más acrecentado en colectivos de especial vulnerabilidad, como parados de larga duración, jóvenes, mujeres, jubilados y personas con discapacidad, que desde mi punto de vista, en este último caso ha sido de especial gravedad. En esa línea, hace unos años realicé un trabajo de investigación sobre la relación existente entre la crisis, los recortes y la quiebra de los derechos fundamentales, un estudio donde se concluía que muchas de las medidas económicas que se adoptaban, constituían un ataque frontal a derechos básicos del individuo.

A partir de aquí, lo que cabe exigir a nuestra clase política son medidas que intenten reducir los desequilibrios que la crisis ha ocasionado, poniendo el acento en aquellos grupos que la han sufrido de una forma más intensa, siempre con la máxima seriedad y rigor. Y empleo bien esos dos términos, puesto que lo más peligroso es caer en la demagogia de los que se suben al carro de cualquier reivindicación para conseguir votos, o de quienes nos gobiernan desde la improvisación, imponiendo políticas abiertamente liberales y en función de que las demandas sean más o menos sonoras en la calle. Creo que ha llegado el momento de sentarse y propiciar grandes pactos en cuestiones fundamentales para las próximas décadas, trabajando por una redistribución justa y real, con la que compensar el terreno perdido durante estos años y donde la recuperación económica deje de ser un puro espejismo para miles de personas.