El Ayuntamiento de Carlet aprobó por unanimidad en el último pleno una moción que pretende la retirada de todas las placas conmemorativas o símbolos que lleven el nombre de personas condenadas por corrupción. En este caso, el consistorio retirará las dos placas de inauguración instaladas en el centro de salud y en la residencia de discapacitados La Llum que se colocaron cuando los centros fueron inaugurados por Rafael Blasco.
La alcaldesa de Carlet, Maria Josep Ortega, informó a Levante-EMV de que en breve «se enviará un certificado de la moción aprobada al director de la residencia y posteriormente se procederá a la retirada de la placa». Curiosamente, en dicha lámina el nombre de Blasco ya permanecía oculto tras una cinta. Además de estas placas, el consistorio estudiará alguna otras actuaciones de lucha activa contra la corrupción como la posibilidad de crear un anexo al libro de firmas de oro del municipio en el que se concrete el rechazo del pueblo hacia la corrupción. «No podemos eliminar las firmas de los políticos corruptos del libro, pero sí manifestar nuestro rechazo de algún modo», añade Ortega.
La propuesta fue llevada al pleno por la alcaldía y aprobada con los votos favor de todos los ediles de la corporación. Se trata de una iniciativa que pretende condenar los casos de corrupción política que golpean la vida pública y dañan la imagen de los cargos electos. La moción también exige la obligación de los condenados por corrupción de devolver el dinero público de los ciudadanos y exigir la actuación inmediata de las formaciones públicas para la separación de responsabilidades y representación de los corruptos. Otros de los aspectos que atañe es el cumplimiento riguroso de la ley en los mecanismos de control en la gestión de las administraciones públicas, el rechazo a la corrupción en todas sus vertientes y el acuerdo para luchar contra esta en todos los ámbitos de la vida pública. La alcaldesa de Carlet explicó que «hemos actuado según recomienda la Conselleria de Trasparencia» y que le gustaría que su iniciativa «fuera adoptada por otros municipios». «Las instituciones tenemos que fomentar el rechazo a la corrupción, es nuestra obligación», concluye.
