Varios servicios privatizados de la residencia de Sueca han estado funcionando en los últimos meses con trabajos que no contaban con contrato en vigor. Lo denunció ayer Esquerra Unida, que criticó la «irregular gestión del gobierno municipal» que podría facilitar «la intervención por el Estado». EUPV reprocha la existencia de un paquete de facturas de la Residencia de Gente Mayor Sant Josep, un centro gestionado por el ayuntamiento, por valor de 151.220 euros que no contaba con contrato en vigor adjudicado, según advirtió el Departamento de Intervención.

La documentación muestra dos obligaciones contraídas de 46.449 y 44.158 euros correspondientes al «Servicio de prestación de recursos humanos» de los meses de octubre y noviembre, respectivamente. Y otras tres facturas de agosto, octubre y noviembre, de 13.900, 15.800 y 15.460 euros, respectivamente, por el servicio de «catering» y la atención prestada en el Centro de Día de Menores de los dos últimos meses citados. En este paquete de facturas también figuran sin contrato en vigor unos 10.000 euros por el «mantenimiento correctivo de la residencia» y la lavandería, servicios gestionados por otra sociedad mercantil en los meses de septiembre, octubre y noviembre. El resto, hasta los 151.220 euros, corresponden a los servicios de animación, adquisición de productos de limpiezas y otros gastos de menor consideración.

La edil de Acción Social y Contratación, Noelia Sisteró, aceptó ayer los hechos y señaló que el asunto tiene, a estas alturas, prioridad absoluta en el Departamento de Contratación. El ayuntamiento espera la aprobación definitiva de los nuevos presupuestos generales para licitar ciertos servicios de la residencia. Sisteró alegó que ya está redactado, incluso, el pliegue de prescripciones técnicas y que sólo están pendientes de solicitar la reserva de crédito para que pueda resolverse la situación en un breve periodo de tiempo al entrar en vigor los nuevos presupuestos. No obstante, la concejala remarcó que, atendiendo el carácter social y asistencial del servicio para personas dependientes, se decidió aprobar el pago de las facturas para que los usuarios no quedaran desatendidos, aunque esas facturas no derivaran de un contrato en vigor.

EU alerta de la existencia de «cerca de un millón de gasto sin regular. A la vista del periodo de tiempo al que hacen referencia estas facturas que no disponían del correspondiente contrato en vigor podemos calcular que el gasto sin contrato en vigor de 2017, según advierte el Departamento de Intervención, tiene que ascender a unos 800.000 euros».