La apertura de la piscina municipal cubierta de Cullera, que todo indica que se producirá en un corto periodo de tiempo, al menos en su primera fase, se realizará bajo gestión pública. Así lo anunció en el último pleno, el alcalde, Jordi Mayor, durante el debate de la aprobación del Reglamento de Régimen Interno de esta instalación, que salió adelante por unanimidad de todos los grupos. A pesar del consenso, el punto en cuestión prologó más de una hora el debate intenso en el que los diferentes grupos municipales se enzarzaron sobre las formas de explotación y su uso.

El nuevo centro deportivo se encuentra en la recta final de las obras de la primera fase después de que el actual ejecutivo municipal haya logrado desbloquear las obras, que se reactivaron a finales del año pasado después de que se paralizaran en 2014 por falta de recursos económicos. Mayor expuso que serán los trabajadores municipales del área de Deportes y los socorristas rescatados este año para la plantilla municipal por el consistorio „después de que pasaran de fijos a indefinidos por decisión del anterior gobierno„ quienes se harán cargo de la gestión de las instalaciones.

El alcalde rechazó de entrada la gestión privada y argumentó que las experiencias en otros pueblos demuestran que al final estos servicios siempre acaban siendo rescatados por la administración pública con un coste mayor para la ciudadanía.

Precios asequibles

Frente a quienes abogan por la vía privada, en este caso el Partido Popular local, Mayor se preguntó por qué motivo no defienden lo mismo para otras instalaciones municipales como el pabellón deportivo, el polideportivo o la propia Casa de la Cultura. «La piscina no es un lujo», dijo. Mayor insistió en que la gestión pública no significa que el uso de las instalaciones vaya a ser gratuito «pero apostaremos por unas tarifas que sean asequibles para la mayoría social». Otro de los aspectos destacados por la máxima autoridad local es el acuerdo con el Consell por el que la administración autonómica se ha hecho cargo de los 450.000 euros del coste de la vigilancia de las obras tras su paralización. Ciudadanos pidió, como necesaria, una consulta a los vecinos para tantear su parecer.