La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado la razón a 23 extrabajadores de Gandia Televisió y les ha reconocido el derecho a percibir indemnización por despido y los salarios de tramitación dejados de cobrar desde que el alcalde de Gandia, Arturo Torró, ordenara el cierre de ese canal público. Eso ocurrió en julio de 2011, y fue una de las primeras decisiones polémicas ordenadas por el alcalde del PP, que acababa de estrenarse en el cargo tras ganar las elecciones.
En parte, la sentencia conocida ahora ratifica una anterior, pero la principal novedad es que se reconoce el derecho de los extrabajadores a percibir los sueldos desde que fueron despedidos hasta noviembre de 2013, cuando se dictó la primera resolución judicial por este conflicto.
Como ocurrió hace año y medio, el alto tribunal ratifica ahora que quien tiene que hacerse cargo del pago de 1,3 millones de euros son la cooperativa RMC, ya exitinguida, y la empresa Iniciatives de Comunicació de Gandia, que es cien por cien del ayuntamiento y que está en fase de liquidación.
La cuestión radica ahora en si el Ayuntamiento de Gandia se tiene que hacer responsable de ese 1,3 millones de euros, habida cuenta que Iniciatives de Comunicació no tiene otro socio que el propio consistorio.
Para Javier Reig, coordinador de Asuntos de Alcaldía, el ayuntamiento está libre de responsabilidad, y para ello destaca que, como señala la sentencia, los jueces absuelven al consistorio y a su empresa pública matriz, Iniciatives Públiques Gandia (IPG), «organismos que no tienen nada que ver en este tema». Reig añade que tanto la cooperativa RMC como Iniciatives de Comunicació, condenadas solidariamente a los salarios y las indemnizaciones, «no pueden afrontar los pagos», dado que la primera ya no existe y la segunda «está en liquidación y no tiene bienes de ningún tipo con los que afrontar el pago».
«Es socio y heredero universal»
Frente a ese criterio, la versión de los extrabajadores, agrupados en el Col·lectiu Gandia TV Sí, es que el Gobierno local del PP trata de confundir porque «oculta que quien se tiene que hacer cargo de las obligaciones de Iniciatives de Comunicació es el ayuntamiento, socio único y heredero universal» de esa mercantil. En su opinión, que la empresa esté en liquidación impide que puedan ser readmitidos pero no le exime del pago de 1,3 millones de euros correspondientes a las indemnizaciones y los salarios.
Los extrabajadores añaden que la enorme cantidad de dinero a la que el ayuntamiento tendrá que hacer frente ahora se debe «a la nefasta gestión del Gobierno local del PP para beneficiar a los intereses privados en perjuicio de los públicos», y concluyen que los responsables de esta situación «son los 13 concejales del PP que votaron a favor del cierre de Gandia TV», a los que piden que paguen de su bolsillo el dinero fijado en la sentencia.
En el capítulo de reacciones, tanto PSPV-PSOE como Compromís criticaron duramente al Gobierno local y le exigen que asuma su responsabilidad y pague a los trabajadores despedidos. El PP les respondió que no tiene por qué pagar nada y que estas dos formaciones quieren reabrir Gandia Televisió para «enchufar a sus amigos».
