La Oficina del Censo Electoral de Valencia, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, vulneró el derecho fundamental de poder votar al no inscribir a inmigrantes de Gandia cuando, el pasado mes de enero, solicitaron poder participar en las elecciones municipales del próximo mayo.
Así lo ha interpretado la Fiscalía de Valencia, que respalda la denuncia presentada por uno de esos inmigrantes, a quien se comunicó que no se le iba a inscribir en el Censo Electoral «por no haber acudido personalmente» a la Oficina Municipal del Padrón de Gandia para solicitar ese trámite.
Dice el informe de la Fiscalía que la exigencia de tramitar la inscripción del Censo Electoral de forma personal «no se encuentra prevista a nivel normativo, legal o reglamentario».
Así, el fiscal estima que tanto el Ayuntamiento de Gandia como la Oficina del Censo Electoral de Valencia debieron tramitar todas las peticiones realizadas, muchas de ellas surgidas a través de una campaña de información e inscripción realizada por el Partido Socialista de Gandia, que animó a los ciudadanos extranjeros con derecho a voto a inscribirse en el Censo Electoral.
La polémica se desató cuando el alcalde de Gandia, Arturo Torró, acusó al PSPV de «cometer delito electoral» en su campaña de inscripción de extranjeros y aseguró que unas 180 personas que habían solicitado esa inscripción se iban a quedar fuera «por culpa de los socialistas».
El tiempo ha dado la razón al PSPV. Ahora que ya se dispone de la relación de inscritos en el Censo Electoral se ha podido comprobar que 140 de las 180 personas a las que los socialistas ayudaron a inscribirse han sido incluidas. Por lo tanto, podrán votar. De los otros 40 que han quedado excluidos «por no haber acudido de forma personal» ha habido algunos que han iniciado acciones judiciales contra la Oficina del Censo Electoral de Valencia por considerar que se han vulnerado sus derechos.
De momento, la Fiscalía de Valencia les la la razón y señala que nunca debieron quedar excluidos de su derecho a votar en las elecciones municipales. Es más, ese informe indica que la Oficina del Censo Electoral y el Ayuntamiento de Gandia deberían haber requerido a los solicitantes cuanta documentación consideraran oportuna «para no lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional», dado que ambas administraciones tienen la obligación de garantizar que no se prive del derecho al voto a los ciudadanos extranjeros que legalmente puedan hacerlo. Ese derecho se limita a las elecciones municipales.
Liduvina Gil: «El alcalde mintió»
La concejala socialista Liduvina Gil, que participó activamente en la campaña para informar, animar y ayudar a la inscripción de extranjeros para votar, acusó al alcalde de Gandia, Arturo Torró, de haber «mentido» cuando dijo que los socialistas manipulaban a los inmigrantes y que por su culpa se habían quedado sin poder votar. El tiempo ha permitido comprobar que la mayoría de los peticionarios ya están en el censo.
