La Junta Electoral de Zona se está mostrando implacable ante la vulneración por parte de partidos e instituciones de la ley que prohíbe cualquier exhibición con tintes electorales desde el pasado 31 de marzo hasta el próximo 8 de mayo, día en que empieza oficialmente la campaña.
Si hace unos días obligaba al candidato socialista a la alcaldía de Oliva, Carlos Mengual, a cubrir una gran valla en la que aparecía su fotografía, ayer mismo instaba al Ayuntamiento de Gandia a retirar las grandes láminas de vinilo que había instalado en un edificio público en las que publicitaba tres grandes proyectos anunciados al final de esta legislatura por parte del alcalde, Arturo Torró, del PP, como son la Ciudad Agroalimentaria, el Centro de Desarrollo Agrícola Torre dels Pares y el parque acuático.
A su vez ha obligado al Ayuntamiento de Villalonga, gobernado por el PSPV, a suspender la presentación de un acuerdo alcanzado con la Universitat Politècnica de València para el desarrollo del modelo turístico del municipio, y que estaba prevista para ayer.
En el caso de Gandia, la Junta Electoral de Zona actuó a instancias del PSPV, que presentó la denuncia alegando que tanto los paneles ubicados en la antigua oficina de movilidad, como la campaña que el ayuntamiento contrató en varios medios de comunicación en la que se habla, entre otros, del barrio de Simancas, incumple la Ley Electoral al publicitar logros conseguidos a lo largo de esta legislatura o proyectos anunciados.
«Es evidente que tras la convocatoria de las elecciones, el hecho de que un poder público siga promocionando proyectos futuros se trata de un supuesto de publicidad institucional prohibido por la ley», señala tajante la resolución.
La Junta Electoral evidencia que el Gobierno local estaba haciendo uso de recursos públicos para ofrecer una información partidista que beneficiaría a la formación que gobierna, en este caso el PP. Precisamente, el espíritu de esta ley es que todas las formaciones se enfrenten a un proceso electoral en las mismas condiciones, independientemente de que estén o no en las instituciones.
El Ayuntamiento de Gandia alegó que los proyectos que allí publicitaba habían sido presentados antes del 31 de marzo, algo que, sin embargo, para la JEZ, «no influye en que tengan que ser retirados. También intentó argumenta que las obras del barrio de Simancas «se iniciaron hace varios años», algo que para el juez es «irrelevante». Es más, la Junta Electoral remarca que en la publicidad institucional que aparece en varios medios «aparece el logo y la inscripción del Ayuntamiento de Gandia».
«La junta electoral ha puesto en su sitio al gobierno. Torró, al igual que el resto de candidatos del PP, pretende acudir dopado con recursos públicos a la campaña electoral«, denunciaron desde el PSPV.
Invitación puerta a puerta
En el caso de Villalonga, la denuncia la interpuso Compromís después de que el alcalde, Enric Llorca, convocara a los vecinos y asociaciones a la presentación del acuerdo con la UPV mediante el envío de cartas. En esta resolución, el juez indica que el acto «atenta contra los principios de objetividad y transparencia que deben presidir las elecciones».
Según el nacionalista Sant Alberca, la idea del acuerdo «no es mala» pero «llega un poco tarde». «Es lo que tiene no hacer nada más que criticar y enfrentarse con todos durante toda la legislatura».
